Los municipios de Rawson, en Chubut, y Chilecito, en La Rioja, votaron por unanimidad esta semana ordenanzas que establecen Programas de Inclusión laboral para víctimas de trata de personas. Ambos darán el 1% de los cargos para víctimas del delito de trata con el objetivo de promover su inclusión laboral.
En ambos municipios se resolvió que el 1 por ciento de los cargos disponibles tendrán como prioridad a víctimas del delito de trata con el objetivo de promover su inclusión laboral.
Además, dispusieron que quienes no tengan antecedentes laborales o educativos deberán realizar una capacitacion laboral obligatoria.
Por otra parte, los datos de las víctimas serán confidenciales.
Tanto la ordenanza de Rawson como la de Chilecito replican legislaciones que ya se votaron en San Miguel de Tucumán, Santa Lucía y Virasoro (Corrientes) y también se inspiran en la ley de inclusión laboral para víctimas de trata que fue votada por el parlamento de la provincia de Catamarca, informó la Jefatura de Gabinete.
A estos municipios se podrán sumar otros donde ya están debatiendo iniciativas del mismo tipo.
En el caso del Municipio de Rawson, la autora fue la concejal Norma Medina (UCR) y luego de su tratamiento en comisión fue aprobada esta semana por mayoría con una sola abstención.
En Chilecito, la iniciativa fue impulsada por el concejal Gaston Leiva (PJ) y fue aprobada por unanimidad.
Además, en la misma sesión, se votó otra ordenanza que propuso la concejal Victoria Alamo (PJ), la cual establece la obligatoriedad de colocar calcos en taxis y remises de la línea 145, anónima y gratuita, para que sea visible para todos los vecinos y vecinas, replicando otra ordenanza similar que se habia votado en el municipio de La Rioja Capital.
En un comunicado, la Jefatura de Gabinete señaló que, «con el programa de capacitación e inclusión laboral en marcha, promovido por el Comité con el Ministerio de Trabajo de la Nación y las ordenanzas y leyes que van votando municipios y provincias, va abriéndose paso en los tres niveles del Estado el compromiso que deben asumir para capacitar y promover el empleo digno de las personas que fueron victimas del delito de trata a fin de que no sean revictimizadas».