Por Alejandro “El Gitano” Ulloa @gitanoulloa*
La discusión por abajo y por fuera de los focos de atención de la agenda de los medios está centrada en la recuperación de aspectos estratégicos de la economía como la nacionalización de la Hidrovía. Algunos trenes que vuelven a funcionar, medidas estratégicas como la declaración de servicio público para las telecomunicaciones; en poco tiempo vencen las concesiones de las grandes hidroeléctricas, que piden volver al regazo estatal para que se haga la luz. Fueron construidas “con la nuestra”, y desde hace más de tres décadas están en poder de los privados, casi todos extranjeros, que se la llevan sin esfuerzo y sin gastos porque es poco el personal que demandan esas usinas, y las inversiones en mantenimiento escasean, aún las necesarias.
Empezar el debate de una estrategia definitiva de transportes urbanos de pasajeros con baja emisión de gases y que desaliente el despilfarro de la matriz individual del automóvil y su reemplazo por un transporte colectivo limpio de los actuales dudosos subsidios segmentados es una necesidad imperiosa. Viajamos como el ganado y en pandemia el resultado además de incómodo se transforma en peligroso, mortal muchas veces. Tenemos tarifas caras, hay mal servicio y se llevan la plata para afuera.
A contramano de las empresas de transporte público en todo el mundo, que tuvieron fuertes pérdidas a causa de la pandemia, con la cifra de fallecidos llegando a 12 trabajadores, la administradora de la concesión del subte porteño Metrovías cerró el 2020 con ganancias por 432 millones de pesos. La pérdida de ingresos por la caída del 77% en la cantidad de pasajeros fue “compensada con el incremento de los aportes estatales”, según consta en las propias declaraciones de la compañía. La caja es otra pero el abuso es el mismo.
Los tortuosos recovecos del subsidio
En la ecuación de las empresas, los salarios pasaron de tener un peso promedio de 55% en los costos totales a 80% (hay menos personal por los DNU y los aislamientos, pero cobran) y las cubiertas cuestan 300% más que hace un año. “El sistema está quebrado –describieron a La Nación desde la FATAP (quejumbrosa entidad patronal que agrupa los dueños)-. Las tarifas están absolutamente desfasadas, y con esta ‘nueva normalidad’ el boleto promedio debería costar, mínimo, el doble para cumplir lo básico, sin incluir renovación de flota”. En Córdoba, por ejemplo, el pasaje cuesta $43; en Rosario, $45; en el AMBA el pasaje más caro cuesta $23. El que no llora no mama.
Simplificando para facilitar la comprensión de la compleja trama de los subsidios al Transporte, diremos que se segmentan en una complicada ingeniería empresaria con puntos de fuga impositivos y de compleja auditoría donde se reconocen 1) tres trabajadores por coche para el cálculo de subsidio sobre la masa salarial. 2) Los costos operativos (renovación, mantenimiento, administración) 3) Venta de boletos. La liquidación del diferencial provee de dinero fresco a las empresas con el ingreso en 72 horas de lo recaudado por la SUBE. 4) Subsidio a la compra de gasoil de acuerdo a lo registrado en los GPS de las unidades. Se reconoce un 50% de una alta proporción del combustible (90%) y queda apenas un remanente de pago íntegro del precio. Todos estos ítems reciben su correspondiente subsidio. “Andá tranquilo que está todo pago”, parecen decirles a los empresarios.
El AMBA recibe cuatro veces más subsidios de la Nación que el resto del país. Al tener claridad sobre el ingreso por boletos vendidos la competencia entre empresas generaría un mejor servicio sin depender de auditorías, gasoil diferenciado y otras mil razones. Los salarios mantienen así una relación directa con la cantidad de boletos mínimos como era antes, cuando existía la “chivera” (expendedora manual para cortar boletos a mano).
Basta de criar monopolios
En el cuatrienio de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal se autorizó a las provincias e intendencias a tener incidencia directa en la política de subsidios, una rémora de los ‘90 menemistas que ya había probado su fracaso en el transporte (igual que en las empresas de energía y otros rubros). La modalidad de trabajo cada vez es más fiel a la rentabilidad y a la pauperización de las condiciones de trabajo que al diálogo, a las leyes laborales o al Convenio Colectivo de Trabajo. Nada nuevo bajo el sol monopólico. Hasta el Turco, más de cien empresas dominaban unas 160 líneas. Dota, Ersa y Metropol se han convertido hoy en los monopolios de transporte público colectivo de pasajeros más grandes del país. “Luchan” por un mercado que presuntamente da pérdida, pero los subsidios siguen quitándoles el sueño a los grandes empresarios.
Los avances tecnológicos permiten que toda esa parafernalia de dineros grises sea fragmentada de acuerdo a la capacidad de pago de cada usuario y no por la capacidad de recaudación de los monopolios. Al igual que la IFE, el cruce de datos (incluso la fotografía de la persona) puede hacerse por la SUBE y facilitar el descuento directo al usuario. Un jubilado o un estudiante tienen boleto subsidiado, personal de salud debe viajar gratis durante la pandemia, pagadores de impuesto a las ganancias no tendrían subsidio.
Un aspecto nada desdeñable de la polémica es el rol de las pequeñas y medianas empresas de colectivos, que deberían recibir subsidios auditables para mejorar su capacidad de inversión y competencia con los grandes pulpos que tienen integrado todo el circuito empresario desde la producción del coche y la carrocería a través de Mercedes Benz y Agrale. Su subsistencia es parte de la lucha contra la monopolización del negocio y su cartelización.
Fechas y protocolos pueden fallar
El encuentro final (bautizado “Día D” por Infogremiales) juntará en un zoom distante a la Unión Tranviaria Automotor (UTA), la cámara empresaria y el Ministerio de Transporte, todos metiendo presión para lograr subsidios. En medio de ese clima de alta tensión a nivel nacional, los choferes tucumanos de la UTA se apostaron autoconvocados frente a la sede sindical. Reclamaron que el sindicato vaya a una huelga total hasta que se paguen los salarios. La UTA Rosario estás parada desde las cero del sábado por tiempo indeterminado ante atraso salarial. Un indisimulado tironeo por los subsidios arrastra la morosidad de gobernadores e intendentes detrás de la avivada de las empresas.
Tiene número la necesidad tras el retraso de siete meses de paritaria sin firma: varios cortes de ruta de choferes por fuera de la conducción del sindicato dieron la señal de arranque para que el reclamo salarial sea de 100.000 pesos, y pedir que el cumplimiento de protocolos sea efectivo en las amontonadas unidades y se los vacune como personal esencial contra el Covid 19. Hay un estado de efervescencia en las bases de los colectiveros, en especial los nuevos choferes que se encuentran con los compromisos de armar una casa, criar hijos chicos y dar cabida a la lógica rebeldía de los jóvenes.
Los autoconvocados de la UTA son propietarios de una gran tradición de lucha –con la Línea 60 de estandarte— y no se sienten representados por una agrupación opositora conducida por el ex jefe alterno del sindicato, Miguel Ángel Bustinduy, quien salió a cruzar a Roberto Fernández y comparó sus dichos con el “No los voy a defraudar” de Carlos Menem. “Levantan los paros, postergan la lucha, traicionan a los trabajadores”, señalaron desde la Agrupación que lleva el nombre de Juan Manuel Palacios.
Subsidiar al votante de clase media
Las empresas de turismo realizaron un corte de calles en el nudo de la avenida 9 de julio en Constitución. Piden igualar sus condiciones con empresas de buses de larga distancia, y continuar trabajando como el resto del sector turístico, realizando viajes y excursiones. En 48 horas consiguieron una mesa de diálogo y la simpatía de todo el arco mediático, incluidos La Nación+ y TN. Otro tanto sucedió con el otorgamiento de subsidios a los tomadores de créditos UVA, ya que el Banco Central protegerá a los deudores y los bancos oficiales subsidiarán las cuotas de endeudados cuya cuota supere el 35% de sus ingresos.
Hay protestas que sí son simpáticas a los medios. Pero los ferroviarios despedidos del Roca van al cadalso porque funcionarios fogoneados desde no se sabe dónde los destrataron durante cuatro horas y la gente se amontonó en la estación queriendo viajar. Los “ferrucas” van a ser juzgados sin piedad, pero la gente “bien” puede cercar al presidente en Olivos y nada, viste. Desconfiamos de los interpretadores de la realidad que nos explican con datos confusos y amontonados que pretenden ser “objetivos” y carecen de una perspectiva tirando para el lado de los trabajadores.
El debate de la ley de góndolas oscurece el hecho de que la plata no alcanza ni con precios cuidados. La inflación galopa y todos son comentaristas indignados del precio de la lechuga. Dicen que el Estado argentino no tiene la ingeniería empresaria para realizar las obras de la Hidrovía y el Canal Magdalena, pero la actual concesión hace todo con personal argentino y maquinaria… del Estado.
Las internas del ministro Martín Guzmán con todos los que piden algo están ocasionadas por la desesperante situación en que está el país ante las deudas con el Club de París y el FMI. La batería de subsidios e impuestos cruzados condicionan la asignación de recursos a las urgencias. Cada cual reclama lo suyo en el país de la frazada corta y hay un tironeo donde los únicos buenos para la opinión pública son de clase media para arriba. Energía, transporte, educación privada, salud, compra de autos, construcción, constituyen un pozo sin fin de gastos. Hay empresarios que piden amparo para pagar sueldos, comprar insumos… y fugar dólares al exterior. Pero resulta que los necesitados de la pobreza son “planeros”, aunque se gaste plata en subsidios y no en crear trabajo.
Un gran plan para salir del chiquitaje
Queda en estudio el precio a la baja posible para las tarifas eléctricas en general si se nacionalizan las plantas de generación. Muchos genuinos Basualdos deben estar sacando la cuenta de cuántas obras e inversiones en mantenimiento general podrían hacerse con las utilidades generadas. Ya que estamos, se podría estatizar sin más las grandes usinas termoeléctricas construidas durante el mandato de CFK, que el gobierno macrista privatizó a precios viles en un reparto de “utilidades” entre sus amigos del poder.
Sea cual sea la suerte de los involucrados en la guerra del FMI por el poder de decidir, las que se quedan son las empresas eléctricas. Las distribuidoras son las eternos ganadoras. Ahí se encuentra el problema de fondo. Los empresarios de la alimentación suben los precios porque los dejan. La definición de los precios de los productos pertenecen a una política permanente de los formadores de opinión, que reciben avisos por echarle la culpa a “la inflación” y no ajustar cuentas con el afán de lucro capitalista desubicado. No se puede hacer tortilla sin romper los huevos.
Los huevos en la canasta están: Suspender los pagos al FMI mientras haya emergencia sanitaria y pandemia. Subvención para atender los graves problemas privilegiando salud, educación, vivienda, trabajo, reducción de la pobreza e indigencia antes que el pago de la deuda. Juicio a los funcionarios del anterior gobierno en la obtención de los préstamos y a los responsables de la fuga de capitales. Todo lo demás es el telón de cartón pintado de una obra que ya vimos.
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