En coincidencia con el ataque de una patota a la redacción del diario Tiempo Argentino, se difundió un informe que da cuenta de la crecida de la violencia antisindical en el último semestre.

El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma sistematizó ese tipo de hechos y realizó un primer informe sobre el tema, que refleja los alcances de las prácticas antisindicales y su generalización en todo el país.

“La lectura que hacemos es que las mayores dificultades que atravesamos los trabajadores por consecuencia de los cambios en el mercado de trabajo se complementan con prácticas antisindicales como mecanismo de contención del conflicto”, indicó ante Página 12 Luis Campos, coordinador del equipo de investigadores la CTA Autónoma.

Sobre la criminalización de la protesta, el Observatorio indicó que de enero a junio fueron detenidos al menos 35 dirigentes y activistas sindicales de seis provincias.

“Además de las detenciones, hemos relevado múltiples causas penales y sumarios administrativos a dirigentes sindicales y activistas cuyo objetivo es el disciplinamiento de los trabajadores y la obstaculización de las luchas. Las denuncias penales se han concentrado en el sector público”, señalaron los investigadores. El análisis fue realizado por Silvina Benevento, Julia Campos, Mariana Campos, Jimena Frankel y el mencionado Luis Campos.

Para el mismo período enero-junio registraron 24 casos de represión contra movilizaciones en nueve provincias, es decir que hubo más de un caso de desalojo violento de protestas por semana.

Además en el mismo semestre, se registraron en total 15 casos de despidos de trabajadores como represalia por la presentación de demandas colectivas. Todo un signo de época.