Los datos fueron difundidos por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que también indicó que en junio la cantidad de demandas ingresadas fue de 10.261.

De acuerdo con las cifras de esta entidad, "de 2003 a 2016 la litigiosidad se multiplicó por 39", en tanto que la UART destacó que "las provincias que concentran la mayor cantidad de demandas son la Capital Federal, Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires".

En la Ciudad Autónoma de Buenos AIres, por cada 100 accidentes ocurridos, que se atienden por la vía administrativa, se presentan 38 demandas.

"Lo paradójico en este panorama es que aún en los sectores económico-productivos con más riesgo implícito, los accidentes bajan sistemáticamente", indicó a Télam la presidenta de la UART, Mara Bettiol, quien señaló que "el descenso sistemático, constante y progresivo de la siniestralidad, dato que por lógica debería generar menos juicios, no incide hoy en la disminución de las demandas. Ambas variables operan de manera independiente, desenganchadas".

Recientes fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la provincia de Buenos Aires, aclaran y sientan jurisprudencia sobre una serie de cuestiones que proliferaban en los Tribunales con interpretaciones diversas, como la retroactividad, la aplicación de la actualización de las indemnizaciones por índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y aplicación del 20% adicional.

Entre las materias de heterogénea interpretación judicial, que inciden de manera gravitante en la cantidad de nuevos juicios que ingresan cada año, está el de la valoración de la incapacidad.

La reforma de 2012 previó una tabla mediante la cual se establecen los porcentajes de incapacidad correspondiente a cada daño o incapacidad permanente, con el objetivo de dar celeridad, certidumbre y tratamiento equitativo a los trabajadores que quedan con una incapacidad permanente.

"Esta tabla, que constituye parte inescindible de la aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo, suele no ser utilizada por los peritos judiciales", destacó Bettiol, quien sostuvo que "por este motivo, además, es necesario avanzar en la regulación del quehacer pericial en el ámbito de la justicia, a la vez que desacoplar los honorarios de los peritos del resultado del dictamen".

Puntualizó que "actualmente hay iniciativas legislativas de diferentes actores del sistema, tales como las focalizadas a modificar el procedimiento administrativo para la determinación de contingencias, por lo cual agradecemos la enorme voluntad y la firme vocación en resolver la alta judicialidad y cuidar los logros del sistema".

"Sin perjuicio de lo cual destacamos que para que dichas iniciativas resulten eficaces, se requiere de diálogo y trabajo conjunto de ese rediseño", concluyó la titular de la UART.