La multisectorial es producto de un acuerdo formal celebrado por Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), su vicepresidente Luis Enrique Ramírez y su secretaria general, María Paula Lozano, junto con Julio Piumato, secretario general de UEJN, y Hugo Blasco, secretario general de FJA.

La iniciativa constituye el punto de partida de la convocatoria de otras organizaciones sindicales, académicas y profesionales vinculadas con el mundo del trabajo. La multisectorial estará destinada a defender los derechos de los trabajadores y la Justicia laboral, amenazados por sucesivos anuncios gubernamentales.

En el documento acta fundacional, firmado el 22 de septiembre, expresan: “Será un espacio pluralista en el que podrán converger, sin exclusiones ni sectarismos, todas aquellas personas o instituciones que compartan la voluntad de defender los derechos y las conquistas de la clase trabajadora argentina, y a la Justicia del Trabajo, en una amenazante coyuntura histórica y política que incluye reformas inconsultas tales como el traspaso de la Justicia Nacional a la Justicia de la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”.

La concertación entre AAL y los sindicatos de los trabajadores judiciales se concreta en un contexto en el que, además, se anunció públicamente un decreto que reformará el régimen de riesgos de trabajo, con mayores obstáculos para las víctimas de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo; y mientras desde ámbitos gubernamentales se vuelve a hablar de la “industria del juicio” como bandera para dictar una legislación que arrase derechos y conquistas laborales.

“El ajuste que ya se está implementando viene a demoler y echar por tierra las reivindicaciones conquistadas por los trabajadores tras largos años de lucha; (…) además, las limitaciones a los derechos colectivos tienen la finalidad de neutralizar la capacidad de las asociaciones sindicales. La Justicia del Trabajo, que se encuentra en una gravísima crisis, es culpada de ´parcialidad’ y de obstaculizar el desarrollo del país. Neutralizarla también es un viejo anhelo de los poderes económicos y financieros, locales e internacionales”, fundamenta el documento.