La Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) rechazó el proyecto de ley que el gobierno remitió al Congreso para reformar la Ley de Riesgos de Trabajo, al afirmar que la iniciativa oficial pretende reducir la litigiosidad a costa de las víctimas, proponiéndose “dificultar y dilatar al extremo el acceso de los trabajadores a la Justicia, obligándolos a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo”.

“El proyecto del PEN opta para atacar la litigiosidad por dificultar y dilatar al extremo el acceso de las víctimas a la Justicia, obligándolas a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo, como condición sine qua non para un tardío reclamo judicial”, bajo la excusa de la presunta existencia de una ‘industria del juicio’ que no se refleja en ningún dato fáctico”, sostuvieron los abogados.

“Un camino lógico para evitar o reducir la litigiosidad sería suprimir sus verdaderas causas: el rechazo sistemático de la inmensa mayoría de las enfermedades de origen laboral (del total de siniestros que ingresan al sistema, sólo el 3% son enfermedades profesionales); la injustificada negativa de las ART a cubrir las reagravaciones; las altas médicas apresuradas; las deplorables prestaciones en especie; el permanente maltrato de los prestadores de las ART; las reparaciones miserables de los daños sufridos, hecho acreditado por las sucesivas correcciones realizadas por los diferentes gobiernos en veinte años (decretos 1278/00 y 1694/99, ley 26.773, y este proyecto); la morosidad en el trámite administrativo ante las ART y ante las Comisiones Médicas; las indemnizaciones pulverizadas por la inflación”, aseguró AAL.

El proyecto gubernamental pretende impedir que lleguen a la Justicia los reclamos por accidentes y enfermedades profesionales, adjudicándole su análisis a Comisiones Médicas de carácter administrativo que, según AAL, “no tienen imparcialidad ni independencia” en la medida de que son financiadas por uno de los agentes del sistema: las ART.