Alberto Tomasone, uno de los asesores letrados de la CGT que expuso ante ese cuerpo, advirtió que el proyecto "pretende salvar sólo el tema de la litigiosidad", y consideró que se prioriza "la parte económica y se olvida de la parte humana".

"Encontramos una falta total de prevención y da la sensación de que se va abandonando al trabajador", opinó, mientras que su colega, Marta Pujadas, expresó: "Esta ley no nos da respuesta a lo que nosotros venimos insistiendo: Argentina necesita una ley de prevención y seguridad laboral".

Pujadas consideró que debe "haber mayores comisiones medicas pero también criterios parejos y coherentes sobre las distintas discapacidades sin afectar poder de las provincias".

Recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se expresó sobre la propuesta cuando sostuvo que no quería las comisiones médicas como instancia obligatoria, al entender que es "inconstitucional" porque no garantiza la defensa del trabajador ante un accidente en su tiempo laboral.

También, remarcó que el nuevo sistema "va a depender de la adhesión de las provincias" y afirmó que se necesitará "el compromiso de los gobiernos provinciales" expresando que acompañarán la propuesta.

Otro de los representantes de la CGT, Federico West Ocampo, añadió que el proyecto del Poder Ejecutivo "no está destinado a ser un sistema integral que es lo que nosotros reclamábamos originalmente".

Ayer, en la misma comisión, miembros de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA-De los trabajadores) y de la Asociación de Abogados Laboralistas advirtieron sobre los "riesgos de inconstitucionalidad" del proyecto que establece modificaciones a la ley de riesgos de trabajo propuesto por el Poder Ejecutivo para reducir el nivel de litigiosidad por accidentes laborales.

El martes, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, asistió a la Cámara a brindar detalles de la inciativa y fundamentó la decisión del Poder Ejecutivo en el hecho de que, "a pesar de que ha bajado la siniestralidad alrededor del 30 por ciento en los últimos años, ha aumentado la litigiosidad más de 300 por ciento".

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso apunta a bajar la judicialización, que viene en incremento desde 2004 y establece que las comisiones médicas sean únicas, obligatorias y excluyentes encargadas de determinar los grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales, como una instancia previa al inicio de cualquier acción judicial.

De acuerdo con el temario establecido en el decreto con el que el Ejecutivo convocó hoy formalmente a sesiones extraordinarias al Congreso para diciembre próximo, el proyecto que modifica la ley de riesgos de trabajo es uno de los que el oficialismo aspira a que sean tratados en el recinto -en este caso del Senado- antes de que finalice el año.