El lunes ingresó al Congreso Nacional a través del Senado el proyecto de Ley de Moratoria Previsional anunciado días atrás por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Se trata, según su presentación formal, de la “implementación de la segunda etapa del plan de inclusión previsional, a través de la regularización de deuda para trabajadores independientes (autónomos y monotributistas) para acceder a una prestación previsional”.

En términos más llanos, se trata de ampliar los alcances de la moratoria previsional de la Anses. La misma consiste en otorgar la jubilación a quienes llegan a la edad requerida pero no reúnen aportes suficientes, o que incluso no cuentan con ninguna contribución hecha al sistema de seguridad social. La particularidad del plan es que la persona accede a cobrar sus haberes antes de abonar la deuda declarada por aportes, y las cuotas se le descuentan mes tras mes.

Se calcula que la medida beneficiará a unos 500.000 argentinos mayores que no lograron completar sus aportes al sistema previsional. El objetivo es alcanzar el 100 por ciento de cobertura jubilatoria, en tanto que los nuevos jubilados podrán cobrar su primer haber a los 40 o 50 días de haber iniciado el trámite.

El proyecto fue girado y será tratado por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda para luego seguir su camino al tramiento en el recinto.

Es importante remarcar que cuando el sistema previsional era mixto con las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones la cobertura llegaba sólo al 60% de la totalidad de la población de adultos mayores.

Más tarde, con el plan de inclusión previsional que comenzó en 2005 la cobertura creció más de 30 puntos porcentuales y llegó a ubicarse en 93,8%. Este crecimiento implica incorporar más de 2 millones 700 mil adultos mayores al sistema.

Con la nueva iniciativa se busca alcanzar el 100% de cobertura y cumplir con el objetivo de universalizar el beneficio para quienes accedan a regularizar sus aportes jubilatorios mediante la moratoria previsional.

Sin dudas el foco al que apunta el proyecto es a los trabajadores cuentapropistas que por las dificultades económicas que vivió el país en los últimos 30 años no pudieron mantener una constancia en el pago de sus cargas impositivas y registran deudas.