La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y varias asociaciones de abogados Laboralistas, entre ellas la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y la Corriente 7 de Julio -defendieron a los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Graciela Marino y Enrique Arias Gilbert, quienes apoyaron la cautelar presentada por la Asociación Bancaria (AB) y la paritaria firmada con las cámaras empresarias.

Los Magistrados advirtieron que "los pedidos de juicio político de Trabajo implican una evidente injerencia en la jurisdicción judicial, prohibida para funcionarios de otros poderes".

"Cualquiera sea la instancia de un juez atacado por el sentido y contenido de sus sentencias y decisiones jurisdiccionales, la Asociación lo defenderá como exigencia necesaria de convivencia republicana. La independencia del Poder Judicial no admite recortes. Solo la exigencia de actuar imparcial e idóneamente", señaló un comunicado de prensa de los Magistrados.

También indicó que "si hay jueces que con su desempeño afectan su investidura, la entidad reclamará que sean removidos de sus cargos si ello se acredita por los procedimientos constitucionales".

Para los Laboralistas se trató de "un nuevo menoscabo a la Justicia Nacional del Trabajo" por parte del Poder Ejecutivo Nacional y lo calificaron como "uno más de los sistemáticos ataques a los jueces laborales, en este caso, fundado en el contenido de sus sentencias".

"El caso reviste la mayor gravedad, puesto que la sentencia en cuestión resolvió una medida cautelar en favor del sindicato de empleados bancarios, "La Bancaria", en contra de la injerencia del Ministerio de Trabajo en la negociación colectiva, ordenando la homologación del acuerdo salarial que había sido suscripto libremente por las partes, pero que el Gobierno planeaba desconocer. Pretender sancionar a los jueces por el contenido de sus sentencias atenta contra la independencia del Poder Judicial, y contra el Estado de Derecho", explicaron desde la AAL.

Por su parte, Leandro Macias de la Corriente 7 de Octubre afirmó a este portal que "...esto es un apriete, propio de la prepotencia de quienes nos gobiernan con el marketing del diálogo aplicando todo el poder institucional y de su impresionante aparato de medios para disciplinar a los sectores populares...espero que la Justicia reaccione a tiempo, porque lo que hace Triaca es una expresión de la visión del gobierno de Cambiemos hacia la Justicia, aprietan jueces por todas las vías y aprietan a la Justicia con su desmembramiento. Para nosotros el pretendido "traspaso", lo que sucede con Gils Carbó y este pedido de juicio político son señales de un camino elegido por Macri que es el de poner en caja a un poder que -vale decirlo- muchas veces con sus fallos y omisiones ha sido funcional a una estrategia emanada desde Casa de Gobierno para galvanizar todo arresto de independencia del Poder Judicial". Por último la Corriente 7 de Octubre reclamó a sus pares una organización rápida y contundente de una marcha de repudio.