El secretario general del gremio, Federico Montero, afirmó que "los profesores e investigadores de las universidades nacionales viven los anuncios oficiales como una nueva amenaza, luego de haber sido apuntados por el presidente Mauricio Macri en su discurso en el Centro Cultural Kirchner (CCK) como un objetivo del ajuste".

"El gobierno procura confundir y asimilar los haberes del sector a las jubilaciones de privilegio para dar de baja el régimen especial y cerrar el círculo del ahogo financiero a la investigación, además de generar una pérdida salarial y ofrecer una jubilación de miseria a quienes dedican su vida a la docencia e investigación”, puntualizó Montero.

Para el dirigente, desde el punto de vista fiscal el ahorro "es irrisorio y representa un escape hacia adelante para continuar respaldando la bicicleta financiera, ya que el gobierno intenta una nueva fuga de cerebros en el sector público para que emigren hacia lo privado o el exterior", y señaló que "la reforma significará un retroceso gigantesco luego de 25 años de lucha y el logro del marco legal jubilatorio" para la actividad.

Montero explicó que con la sanción de la Ley 26.508 de 2009, que complementó a la 22.929, se completó un marco legal de equidad jubilatoria para los profesores universitarios, porque cuando su sanción el 80 por ciento de los trabajadores estaban incluidos en el régimen general, es decir, percibían un 50 por ciento de los haberes.

Los docentes de universidades públicas accedieron en 2009 a un régimen especial que consagró "el derecho a percibir el 82 por ciento móvil a partir de un aporte especial descontado de los salarios, en tanto el beneficio instituido en la Ley 22.929 (científicos y técnicos) se amplió al personal docente de esas casas de altos estudios, no comprendido en las normas 22.929; 23.026 y 23.626", indicó el sindicalista.

Para Montero, los regímenes especiales no son sinónimo de jubilaciones de privilegio, porque "el otorgamiento de garantías a quienes operan políticas estratégicas del Estado justificó la consideración de esos tratamientos especiales, reflejados en especial en la movilidad de las prestaciones con carga de financiamiento al sistema general".

"Jubilaciones de privilegio son las que establecen prerrogativas a favor de personas o grupos de funcionarios, que son injustificadas y discriminatorias respecto de los afiliados al régimen general, lo que profundizó la confusión", concluyó el dirigente sindical.