Las diferencias entre la propia dirigencia metalúrgica derivará ahora en una controversia legal respecto de si el acuerdo debe o no ser homologado, coincidieron en admitir fuentes sindicales y empresarias consultadas por Télam.

El secretario gremial de la UOM nacional, Abel Furlan, el secretario general de la UOM Ushuaia, Héctor Tapia, y directivos de las empresas radicadas en la capital fueguina se presentaron ayer en el Ministerio de Trabajo de la Nación solicitando la homologación del congelamiento salarial hasta 2020, que también incluye el compromiso empresario de no producir despidos en ese mismo período.

Según fuentes empresarias, horas más tarde también se presentaron ante la cartera laboral integrantes de la UOM nacional y miembros de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales de Electrónica (AFARTE) que nuclea a las fábricas instaladas en Río Grande, también para requerir que el acuerdo de noviembre sea homologado.

Por último, una tercera presentación fue realizada por el propio Furlan pero esta vez con el acompañamiento del secretario general de la UOM Río Grande, Oscar Martínez, quien hizo saber la decisión de la seccional de solicitar que el compromiso no sea convalidado por las autoridades laborales.

De esta forma, mientras que en Ushuaia todas las partes se expresaron por la oficialización del acuerdo, en Río Grande existe el aval del sindicato nacional y de la cámara empresarial del sector, pero no así del sindicato, que ayer anunció movilizaciones y otras medidas de fuerza para oponerse a "la política industrial del Gobierno".

El Ministerio de Trabajo debe resolver ahora, frente a ese panorama, si homologa el congelamiento al entender que todas las partes prestaron conformidad, o si lo rechaza en función de la presentación de la UOM de Río Grande.

Fuentes del gremio que se bajó del acuerdo dijeron a Télam que "más allá de los aspectos formales, lo importante es que nosotros nos bajamos del acuerdo y vamos a reclamar por salarios dignos y mejores condiciones de trabajo", indicaron.

El compromiso de no discutir salarios en la industria fueguina desde junio de 2018 a junio de 2020 surgió luego de una negociación de la que participaron funcionarios del gobierno nacional y de Tierra del Fuego, empresarios y sindicatos, donde se fijaron pautas para mejorar la competitividad del régimen industrial y lograr una disminución del precio final de los productos electrónicos, mucho más caros en el país que en el exterior.

En ese contexto, las autoridades nacionales aceptaron modificar el anteproyecto de reforma fiscal y establecieron una disminución gradual de los impuestos internos a los productos que no se fabrican en la isla.