El juez laboral José Ignacio Ramonet hizo lugar a una presentación del Ministerio de Trabajo y ordenó un embargo de $809.790.710 más intereses de $242.937.213 al gremio de Camioneros por negarse a pagar una multa por no acatar una conciliación obligatoria en diciembre de 2017.

La presentación de la cartera laboral se había llevado a cabo el por la tarde, cuando el ministro Jorge Triaca envió a la Justicia nacional del Trabajo el pedido de ejecución de la sanción impuesta al sindicato de Camioneros.

El juez Ramonet decretó el embargo preventivo y pidió que se libren oficios al Banco Provincia de Buenos Aires, al Banco de la Nación Argentina, al Banco Ciudad de Buenos Aires y al Banco Macro "a fin de que traben la medida ordenada por la suma de $ 269.930.236,66 -con más la de $ 80.979.071- cada uno en la forma dispuesta precedentemente".

El lunes, el Gobierno cumplió con la advertencia que había realizado hacia fines de la semana pasada. Y el ministro Triaca envió a la Justicia nacional del Trabajo el pedido de ejecución de la sanción impuesta al sindicato de Camioneros por el incumplimiento de una conciliación obligatoria en diciembre de 2017, es decir, el pedido de embargo preventivo de las cuentas del gremio conducido por la familia Moyano.

La decisión de la Justicia se tomó a raíz de la negativa de Camioneros de pagar la multa de $810 millones impuesta por la Justicia por no haber acatado una conciliación obligatoria dictada por el Ministerio a fin del año pasado.

La relación entre el camionero y el Gobierno entró en su etapa de máxima tensión. La semana pasada, antes del viaje a Sudáfrica, Macri había dejado trascender entre sus colaboradores que Moyano no se adaptaba a los "cambios". El líder sindical había amenazado con un nuevo paro y había comparado a la gestión de Cambiemos con la dictadura.