Hugo Moyano denunció al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y Damián G. Araya funcionario de esa cartera por la comisión de numerosos delitos en la aplicación de la multa de casi 810 millones de pesos a la Federación de Camioneros.

Según consta en la denuncia, "existen pruebas concretas de persecución política diseñadas desde la Jefatura de Gabinete y de la AFI para cumplir con el deseo de Mauricio Macri de sostener la pulseada con la Justicia contra Hugo Moyano, citándose reuniones con Jorge Triaca, y el secretario de Coordinación, Mario Quintana. La orden: no aflojar la cuerda con Moyano, que se sumaron a la actividad de los Trolls financiados con fondos públicos y dirigidos por Marcos Peña".

En su presentación, el líder de Camioneros denuncia "que para poder sancionar se utilizó con falsedad una base imponible inexistente (la Federación no tiene a trabajadores como afiliados) y el ocultamiento de documental de descargo mediante trampas en el sistema informático".

Asimismo se remarcó que "el funcionario firmante carecía de autorización legal para sancionar cometiendo usurpación de funciones públicas, aclarando que este conjunto de ilícitos tuvieron como finalidad provocar engaño en la Justicia Laboral que, en base a un expediente fraguado, decretó embargos por más de 1000 millones de pesos".

De esta manera, Moyano sostiene que "la estafa procesal requiere- para su configuración- la introducción en un proceso judicial de elementos falsos cuyo valor determinante para el magistrado resulte evidente, de manera que la injusticia del pronunciamiento no dependa de un error de apreciación del juez, sino precisamente de lo que jurídicamente debe acordar el elemento introducido en caso de que fuese verdadero".