Scalera insistió en que existió una asociación ilícita liderada por Moyano que se dedicó a "defraudar al club Independiente mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos".

De acuerdo al funcionario, el funcionamiento de esa esteructura no podía escapar de la responsabilidad y conocimiento como principal autoridad de la institución deportiva, Hugo Moyano.

En el dictamen donde solicitó la detención del hijo del líder de Camioneros, el fiscal indicó que no se puede concebir la idea de que los barrabravas podían actuar aisladamente convirtiendo a la dirigencia deportiva en "simples extorsionados".

"Ese grupo de sujetos violentos obtiene determinados beneficios del club Independiente (entradas, protocolos, cuotas sociales, ingreso a estadio, viajes, etc) que permiten la conservación de la estructura ilícita y su constante actividad al margen de la ley", agregó.

El fiscal decidió recusar al juez Carzoglio y sostuvo que hay riesgo de parcialidad en su actuación.

Scalera había rechazado un pedido de detención de Moyano la semana pasada y denunció amenazas, al tiempo que cuestionó a la Procuración bonaerense.

En esta oportunidad, el fiscal pidió también la declaración indagatoria de Moyano, en lo que no había en su última presentación.

Para Scalera las actividades presuntamente ilícitas "jamás podrían desarrollarse sin la connivencia, autorización o beneplácito de las autoridades dirigenciales superiores del club".

Entendió entonces que no puede soslayarse la "responsabilidad, rol e intervención" en la toma de decisiones de Pablo Moyano.

Entre las pruebas citadas por el fiscal se encuentran una serie de transcripciones de conversaciones telefónicas.

Scalera planteó en su apelación que las escuchas telefónicas entre los barrabravas del club, analizadas en la causa, "se invoca claramente a Moyano dando consentimiento en muchas acciones".