Con la firma de los camaristas Álvaro Balestrini y Roberto Pompa, la Sala IX dictaminó en favor del multidenunciado ex secretario General de la Unión Personal de Seguridad Privada de la Republica Argentina (UPSRA), Ángel García y ordenó cesar la intervención, a pesar de que el tema ya fue tratado por otra sala.

De hecho, con fecha 20 de septiembre del 2018, la justicia le había cerrado las puertas a García, en sus intenciones de retornar al sillón de mando de la organización. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había ratificado la intervención en el gremio y había instado a avanzar en el proceso de normalización para que los afiliados puedan volver a elegir su conducción. Algo que ahora está a 15 días de culminar, cuando el 14 de enero los vigiladores vayan a las urnas.

El pedido de García -que comandó el gremio apadrinado por Luis Barrionuevo durante más de 30 años- había sido rechazado validando la denuncia efectuada por un grupo de afiliados, y ratificada por Trabajo y órganos judiciales, sobre la “ineficacia jurídica asociacional de distintos actos asamblearios”, que llevaron a la intervención de la organización.

Ahora, en una maniobra en la que se notan las mano de Jorge Triaca y "Coti" Nosiglia, ladero y operador judicial del gastronómico, los camaristas Álvaro Balestrini y Roberto Pompa, de la Sala IX, dictaminaron a favor de García en una causa en la que "extrañamente" se vuelven a tratar los mismos tópicos que fueron juzgados con anterioridad por la sala VI, existiendo litispendencia, cosa juzgada, tema resuelto.

Esta contraposición de fallos de salas del mismo rango, detonará un nuevo tratamiento. O se resolverá en un plenario de Cámara o deberá intervenir la Corte Suprema para definir. Mientras tanto, la intervención confirmó que continuará con el proceso electoral sin alteraciones y que irá por la apelación en las próximas horas.

En ese contexto, el candidato a secretario General en las elecciones que se realizarán el próximo 14 de enero, Julio Gutierrez, le pidió al Ministerio de Producción y trabajo y a la intervención que apele la medida de forma urgente. “Esto es un escándalo judicial que va contra los intereses de los trabajadores de seguridad privada”, señaló.

“Lo de estos jueces es un escándalo judicial y habla de algo muy extraño y poco visto en la historia judicial. De prosperar, esta medida atenta contra los trabajadores porque le están devolviendo un gremio al ex secretario general Ángel Garcia que aún maneja la obra social junto a su esposa Celestina Ferrara, y que tiene abandonada la salud de los trabajadores. La propia Superintendencia de Servicios de Salud luego de una auditoría, señaló que corre riesgo prestacional”, dijo Gurierrez.

Y agregó que: “Es muy extraño que a solo 15 dias de las elecciones y, luego de tener el gremio intervenido por dos años, una sala diferente de la misma cámara le quiera devolver el Gremio a Garcia que esta siendo investigado porque entre diciembre de 2016 y julio de 2017 desviaron fondos del sindicato a la obra social por 110 millones de pesos para pagarle a prestadores relacionados con el propio García. Le pido a la intervención actual y al Ministerio de Trabajo que apelen esta medida”, concluyó.