El fiscal Guillermo Marijuan pidió una serie de medidas, que fueron aceptadas por el juez, y la causa iniciada en noviembre del año pasado caratulada "Triaca, Jorge y otros s/ asociación ilícita", que investiga lo actuado en el marco de la intervención del gremio de seguridad UPSRA, dejó a todos los investigados al borde del procesamiento.

En concreto, el fiscal requirió tomar declaración testimonial a la Junta Electoral, tomar posesión del expediente electoral que estaba en manos de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y que se recabe la mayor información posible sobre los integrantes de la supuesta asociación ilícita para quedarse con la organización.

La acusación apunta a Triaca, a su cuñado Sergio Borsalino, a su amigo de la infancia Patricio Castro, a la saliente Directora Nacional de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios Anchorena y a los alfiles de Luis Barrionuevo en el gremio de seguridad, Rodolfo Alonso, Leonidas Requelme y Edgar Selarallan.

El dato distintivo y que, según fuentes judiciales, terminaría de comprobar los lazos de la asociación ilícita es que cuando comenzó la causa Alonso era un personaje que se movía bajo el ala del gastronómico y había sido eyectado de la gestión por un escándalo en el manejo de fondos. Hoy Alonso se convirtió en el interventor del gremio y es que quien intentó detonar el proceso electoral para que los vigiladores no puedan ir a las urnas y elegir a su conducción.

En la denuncia se acusa a los implicados de haber “inventado” una agrupación “conformada por miembros que no cumplimentan los requisitos estatutarios” para acceder a los cargos dirigenciales de la UPSRA.

De hecho, los involucra en una presunta “asociación ilícita” y se consignan la comisión de delitos: abuso de autoridad; incumplimiento de los deberes de funcionario; falsedad instrumental; y Estafa.

En la denuncia se consigna a Triaca como autor intelectual de la maniobra y a Borsalino y Palacios Anchorena como brazo ejecutor, junto con Alonso en su rol de interventor.

El expediente del proceso electoral ya fue secuestrado por la justicia en las últimas horas para comprobar su validez. Fuentes  gremiales se animan a aventurar que la sumatoria de unos comicios con importante asistencia de afiliados ya realizados, más la veeduría del Ministerio de Producción y Trabajo de lo actuado determinaría en el corto plazo una resolución en favor de Julio Gutierrez.