En la jornada de hoy comienza el juicio contra Carlos "Perro" Santillán, secretario General del Sindicato de Eempleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM) y otros cuatro miembros de su Comisión Directiva. Los gremialistas están acusados del delito de usurpación por una causa que tuvo su origen en 2015 y que los tiempos políticos hicieron avanzar al calor de Gerardo Morales.

Durante 2015 asambleas de trabajadores de distintos gremios, ante la necesidad de paliar el déficit habitacional que sufrían, se apostaron en terrenos de Campo Verde que estaban ociosos. Estas asambleas habían solicitado el acompañamiento de los dirigentes del Frente de Gremios Estatales, en el cual estaba enrolado el SEOM.

Durante finales del 2014 e inicios del 2015, desde estos sectores sindicales, se realizaron numerosas gestiones frente al Gobierno Provincial, que tenían como objeto destrabar el acceso a planes o créditos, para acceder a terrenos y viviendas; estas gestiones no brindaron resultado alguno, destacó el portal Indymedia.

Los dirigentes judicializados no poseen ningún terreno ni tienen intereses personales en esos predios y a pesar de esta situación, son los únicos en ser llevados a juicio. Como contrapartida, otras tomas que terminaron incluso con muertos, no han sido judicializadas.

Los dirigentes "Perro" Santillán, Santiago Seillant (secretario del Interior), Adrián Mirkin (secretario Gremial), Alberto Arias (secretario de Organización) y Alvaro Sandoval (secretario de Prensa), siempre han estado a derecho.

Llegan a esta instancia luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que evidenció la persecución del Poder Judicial de la Provincia de Jujuy contra el Sindicato que conduce Santillán y al mismo tiempo cuestionó la falta de imparcialidad del brazo judicial contra los dirigentes que encabezan los diferentes reclamos.

Recordemos que hace sólo una semana con los votos de los jueces Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y  Horacio Rosatti, la Corte Suprema dejó sin efecto un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy que había confirmado la prohibición de participar en reuniones multitudinarias, a un grupo de dirigentes sindicales y afiliados del gremio municipal de San Pedro de Jujuy.