La intervención lleva más de un año y en este tiempo la Defensoría del Público cesó la mayoría de sus acciones. Para los empleados se trata de un claro ejemplo de vaciamiento de políticas públicas, vinculadas al derecho a la comunicación y la defensa de las audiencias de la radio y de la televisión.

El acta firmada por la Comisión Bicameral que designó a la intervención obliga a las actuales autoridades a mantener a todo el personal en sus cargos. Sin embargo la idea de los funcionarios macristas es solamente cumplir con ese mandato si pueden perpetuar en puestos jerárquicos a su gente.

La maniobra extorsiva se contradice con la reciente anulación del Presidente Fernández del decreto que extendía por 5 años la estabilidad laboral para directores y jerárquicos nombrados a último momento por la gestión anterior.

Las trabajadoras y los trabajadores de la Defensoría del Público exigen que no haya despidos y el fin de la intervención caótica y perversa que está destruyendo un organismo central en la construcción de la comunicación entendida como derecho humano.

"La Comisión Bicameral, que nombró a la actual intervención, es la responsable por el deterioro y asfixia institucional del organismo y a la que se le exige que ponga fin a esta gestión desastrosa", explicaron los empleados.