El Ministerio de Trabajo dictó ayer por la tarde la conciliación obligatoria en el marco del paro lanzado por los recibidores de granos, que debieron dejar sin efecto la medida de fuerza, aunque un sector sindical de la estratégica Santa Fe se resistía a acatarla por temor al contagio de coronavirus.

El Gobierno lanzó un protocolo para extremar los cuidados sanitarios en la actividad, con el fin de proteger la salud de los trabajadores del sector.

Este conflicto fue lanzado en plena cosecha gruesa, vital para las exportaciones argentinas, y cuando la pandemia de coronavirus obligó al Gobierno a ordenar una inédita cuarentena total hasta el 31 de marzo.

El sindicato reclamaba no ser considerados un servicio esencial, al estar en riesgo de contagio por la pandemia de coronavirus.

La Unión de Recibidores de Granos (URGARA) sostuvo que el "objetivo es preservar la integridad y la salud de los 10.000 trabajadores que representa y sus grupos familiares, en el marco de la crisis por el coronavirus".

La conciliación obligatoria fue dictada luego de fuertes presiones de los empresarios del sector agroindustrial.

Las firmas consideraron "inesperado e insólito" el paro lanzado por URGARA. Denunciaron que el martes se había realizado una reunión entre el gremio, terminales de Bahía Blanca y funcionarios del Consorcio de allí, y acordaron aplicar el protocolo específico en el que se trabaja para dar protección a los trabajadores. Sin embargo la situación en una semana tuvo cambios drásticos.

"Cabe aclarar, señores empresarios, que el derecho a la salud y el derecho a la vida son derechos protegidos constitucionalmente, y son la base del resto de los derechos. Mal pueden ustedes priorizar el derecho a la industrias o a los derechos económicos, poniendo en peligro la vida y la salud de nuestros trabajadores y de toda la sociedad", había criticado el gremio.