La Unión de Recibidores de Granos reclamó en una carta dirigida al Presidente Alberto Fernández que se excluya de la lista de servicios esenciales en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, a las exportaciones agropecuarias en todas sus formas y el acopio y movimiento interno y externo de granos cereales.

El gremio que conduce Pablo Palacio argumentó su pedido en la intensión de que sus representados no estén expuestos a posibles contagios de COVID-19 (coronavirus).

"El Comercio Exterior debía ser considerado solo para actividades ?impostergables?, es decir como una verdadera excepción a la regla, no como una habilitación a abrir la puerta de casa a extranjeros de países considerados de riesgo y por el sólo afán lucrativo de empresas multinacionales y de recaudación estatal", argumentaron.

Y pidieron "suspender por quince días toda operatoria de intercambio de comercio exterior, pues consideramos que no es una actividad esencial en este momento de emergencia sanitaria".

Desde URGARA recordaron que el objetivo del decreto es preservar y proteger la salud de los ciudadanos limitando al máximo las posibles vías de transmisión y evitando el contagio, y señalaron que "días atrás se dio ingreso a buques procedentes de países declarados por la OMS como de riesgo (como son China, Brasil y Chile) sin el cumplimiento de las medidas de control sanitarios y sin cumplir la cuarentena o aislamiento correspondiente; situación gravísima para nuestros habitantes, ello a la luz de los efectos que produjo el virus en otros países".

Para el sindicato los más de 3000 trabajadores que representan "están en riesgo en los más de 20 puertos que se encuentran operativos. Estos son, sin lugar a duda, la puerta de ingreso del agravamiento del problema".

"Resulta inevitable en estos momentos, resaltar que hay actividades y servicios públicos que resultan esenciales e impostergables para una situación de crisis como la expuesta, tales como lo son las vinculadas a la salud, seguridad, industrias alimenticias etc. Lo que no entendemos es cómo empresas privadas extranjeras agroexportadoras que lucran con su actividad, puedan estar por sobre la salud, la vida y la seguridad de los trabajadores y de nuestro país", concluyeron.