El secretario general del gremio, Pablo Palacio, señaló que el personal tenía dificultades para percibir los salarios, y expresó su "confianza" de que a partir de ahora pueda generarse "un marco regulador", a la vez que resaltó que "la prioridad es garantizar los empleos y proteger los activos" de la compañía.

"La protección de esos activos es indispensable para que no sean incobrables para los acreedores. Es preciso también garantizar la recuperación del dinero del Estado, mal invertido en una firma insolvente, que de ninguna manera debería atravesar la actual situación porque es la sexta exportadora del sector", afirmó Palacio.

El dirigente sindical añadió en un comunicado de prensa que "los funcionarios que en su momento actuaron y otorgaron los créditos solicitados por Vicentín deberán oportunamente rendir cuentas", y puntualizó que la compañía atravesaba hacía ya tiempo "un sospechoso proceso de cesación de pagos".

"Vicentín se financiaba a partir de los bancos nacionales y enajenó sus activos, luego de lo cual de forma inmediata presentó convocatoria de acreedores, lo que constituyó un enjambre de maniobras sospechosas", señaló el sindicalista.

Palacio exhortó al Congreso Nacional a debatir "los términos respectivos" para avalar el proyecto gubernamental, y remarcó que "el Estado tiene la responsabilidad de resguardar los intereses de trabajadores y acreedores".