La gigante aerolínea trasnacional, LATAM, acaba de confirmar que se retira de las operaciones en Argentina. La definición pone en jaque unos 1700 empleados, que esperan las negociaciones en el Ministerio de Trabajo para saber si, efectivamente, serán cesanteados.

Antes de eso la empresa había logrado calificar al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) que dispuso el Gobierno para contener la crisis del sector privado. Se trata de una medida excepcional por el que el Estado Nacional abona hasta el 50% de los salarios del sector privado.

El acceso de LATAM al rescate oficial sorprendió a propios y extraños. Es que la firma, principal competidora de Aerolíneas Argentinas, redujo unilateralmente al 50% los salarios de sus empleados y además abrió un programa de retiros voluntarios para reducir personal.

Lo peor de todo es que Rosario Altgelt, la CEO de la compañía que ahora envía la nota informando las desvinculaciones de todos los trabajadores, cobró la primera tanda del salario complementario pagada por del Estado.

La cabeza de la firma, responsable de haber recortado los salarios, impulsora de los retiros y principal vocera de los despidos masivos, recibió algo más de 33 mil pesos de "ayuda estatal". Es decir, cobró más de 3 IFE.

El caso de Altgelt, entre otros casos de CEOs que cobraron el ATP, obligó a reformular una porción del programa y poner un tope a los salarios que reciban apoyo estatal. De hecho se excluyó de los subsidios a las empresas para el pago de salarios a los empleados que ganan más de 250 mil pesos brutos.