A principios de año unos 80 agentes de tránsito habían sido despedidos por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Era una determinación que recaía especialmente en aquellos que habían liderado las protestas por la muerte de su compañera Cinthia Choque meses antes.
El episodio que llevó a la muerte a Choque había visibilizado, adicionalmente, todo un entramado de precarización laboral que los tenía como monotributistas, sin cobertura de riesgos del trabajo y con salarios por debajo de la línea de pobreza.
A pesar de que habían obtenido una cautelar para que Larreta los reponga en su puesto de trabajo, no se había cumplido.
Ahora la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.° 6, Patricia López Vergara, resolvió "Tener por incumplida parcialmente la medida cautelar dictada", e intimar al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a reinstalar a las y los agentes de Tránsito desvinculados al 1º de enero de 2020, en plazo de diez días "bajo apercibimiento de imponer astreintes".
La magistrada fue más allá. Además, otorgó "un plazo de 30, 60 y 90 días escalonados para efectuar el pase progresivo de cada Agente de Tránsito contratada, a la planta transitoria, en los términos ya consentidos por la demandada". Esa decisión recae sobre un universo de unos 2600 trabajadores.
La jueza le pregunta a Larreta si está esperando otra muerte para garantizarle los derechos a los agentes de tránsito ? pic.twitter.com/v7Q9jRcvaL
— jorge duarte (@ludistas) September 30, 2020
La magistrada relató que «a la fecha el GCBA no ha reinstalado a los trabajadores despedidos a sus puestos de trabajo; tampoco ha incorporado AdT en cuestión a la Planta Transitoria de la Administración".
Y añadió que "en el marco de una pandemia ha dispuesto el traslado de estas personas a una nueva repartición bajo la órbita de otro Ministerio sin asignarles funciones claras y con la misma precarización contractual laboral que tenían, en clara contraposición a lo que ordena la medida cautelar de autos".
El escalonamiento temporal explicó que "obedece al reconocimiento de la mayor dificultad burocrática ante la pandemia existente, con el propósito de que no se conviertan los derechos de estas trabajadoras/es una vez más en fata morgana".
"¿Acaso habría que esperar otra muerte más de una agente para plasmar un derecho en la realidad con suficiente solidez como para no desvanecerse en el aire?", preguntó en sus considerandos.
