Hace cuatro meses que Río Gallegos no cuenta con transporte público de pasajeros. La ciudad más grande y más poblada de Santa Cruz no brinda este servicio a sus vecinos, quienes, en muchos casos, tienen que caminar diariamente kilómetros y kilómetros para ir a trabajar, hacer compras, llegar al médico o ir al centro a hacer algún trámite.

Asumido en diciembre de 2019 el actual intendente de la capital provincial, Pablo Grasso, tenía los problemas ya estaban instalados con la empresa Maxia SRL, que fue contratada por la gestión anterior de Roberto Giubetich y que el actual jefe comunal heredó. El conflicto se judicializó y el juez interviniente le cedió a la ciudad los colectivos, los bienes inmuebles y los trabajadores, a quienes, según asegura el medio local OPI Santa Cruz, aún no se les paga.

En estos últimos días, aparecieron los reclamos de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) frente al Palacio Comunal donde los trabajadores tuvieron un cruce con Grasso. Hubo discusión, forcejeos y tumulto que terminó en una denuncia penal por amenazas de muerte hacia el intendente y a los pocos días se allanó la sede de la UTA que conduce Rubén Aguilera. 

Según consignó el mismo medio, el secretario General Adjunto, Rubén Aguilera dejó asentado en el acta de conciliación a la que se citó al sindicato y a la comuna, que las protestas son "consecuencia de la no respuesta tanto del Municipio como de este ministerio; haciéndonos responsables de los hechos acontecidos, poniendo en riesgo a los compañeros ante la pandemia, pero no quedando otra que manifestarse por sus derechos que han sido vulnerados". Por lo que "solicito a este Ministerio, se expida en qué consiste la conciliación obligatoria y que debería intimar el pago de todos los reclamos".

Así mismo, Aguilera afirmó que "el Sindicato y los afiliados en forma individual, hemos agotado todos los medios para lograr una solución rápida y beneficiosa, buscando tutelar los derechos laborales y sindicados conculcados. Pero, claramente, la falta de respuesta (y) de intervención por parte de ese Ministerio y el maltrato que ello conlleva, indica que no existe voluntad por parte del Municipio local, ni de ese Ministerio, en su calidad de autoridad administrativa en la materia".