El Senado está tratando una proyecto que reemplaza el plazo de dos años para la prescripción de todos los créditos de origen laboral aumentando los plazos y distinguiendo tres años para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y cinco años para las demás acciones relativas a las relaciones individuales del trabajo en general.

La iniciativa, cuando tomó estado público, generó el inmediato rechazo público de la UIA y la presión del mundo empresario sobre los legisladores.

Para la UIA, la extensión de los plazos de prescripción resulta "desacertada" no solo porque "perjudica la previsibilidad de las relaciones del trabajo", sino porque "impacta directamente en los incentivos para la inversión y la generación de empleo", en particular en un "contexto signado por la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa el país".

Por ello según confirmó a Télam el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta, el también sindicalista Daniel Lovera, la iniciativa se pospuso y no salió con otros proyectos que se aprobaron ayer.

Será debatida "en la próxima sesión", luego de "distintas consultas hechas con los diferentes bloques que conforman el Senado".

La dilación se debió, además, al fuerte ruido que generó el proyecto en las mesas sectoriales. Los empresarios pidieron ser convocados a la discusión: "durante el trabajo de la Comisión, el sector empleador no fue convocado en ninguna instancia".