Momentos de preocupación se viven por estas horas en OCA. La poderosa empresa de correo, sistemáticamente vinculada a los Moyano, desde hace tiempo transita turbulencias, pero cada vez muestra mayor fragilidad. De hecho, ahora los bolsillos de los trabajadores lo sienten directamente.
Al día de hoy, los 7 mil empleados, la mayoría enrolado en Camioneros, pero también los que son representados por otros sindicatos, cobraron sólo el 50 por ciento de sus haberes de marzo. «Al principio habían pagado entre el 20 y el 40 por ciento, pero ahora se emparejó y todos cobraron el 50 por ciento», explicaron fuentes de la firma a InfoGremiales.
Por esta razón, la Asociación de Empleados de Correos Privados de la República Argentina (Aecpra), que lidera Daniel Palladino y representa a los jerárquicos de la firma, comenzarán con una serie de asambleas informativas para debatir la situación en la que se encuentran con sus compañeros.
Hasta el momento, la recomendación a los trabajadores fue que no firmen los recibos de sueldo hasta ver acreditado la totalidad de sus haberes y que no sean cómplices de un lock out patronal, que podría agravar todavía más la realidad que transitan. «Facilitar un lock out sólo beneficiaría a quienes vaciaron la empresa», explicaron.
«Los trabajadores no generaron esta situación y no deben pagar por ella», señalan desde Aecpra en un comunicado que circuló ayer. Además le pidieron explicaciones a las autoridades en ejercicio sobre el futuro de los puestos de trabajo, el plan de negocios y la situación económica y financiera, entre otras cuestiones trascendentes.
«Estamos pendiendo de un hilo», le dijo una fuente gremial a este portal, sobre lo que se palpita en la firma propiedad del enigmático Patricio Farcuh.
Mientras tanto el ENACOM, organismo regulatorio de las comunicaciones, deberá definir a partir del informe de los veedores que designó en OCA, si le otorga una prórroga en su licencia postal. La decisión está supeditada a la regularización de la situación impositiva del correo, cuya deuda total asciende a unos $ 3.400 millones, de los cuales $ 800 millones están en su deuda post concursal y el resto se judicializó en un concurso de acreedores.