Las organizaciones sindicales más cercanas al peronismo kirchnerista de la CGT y la CTA formaron parte de la movilización a Tribunales que tuvo lugar este martes. Luego difundieron un documento en el que aunaron sus argumentos para apoyar el juicio político a la Corte Suprema de la Nación.
El martes 28 de febrero organizaciones políticas, sociales y sindicales se presentaron en Plaza Lavalle para abrir un ciclo de movilizaciones «en reclamo de un sistema de justicia que esté al servicio del Pueblo, que garantice la Democracia, justa inclusiva y federal». De ese primer encuentro con base en el mundo trabajador surgió un documento con los argumentos que sustentan la protesta hacia el Poder Judicial.
Las organizaciones sindicales, sociales y políticas presentes denunciaron en la Plaza Lavalle «el estado de indefensión en el que nos encontramos frente a un Sistema Judicial que avanza sobre nuestros derechos, aplicando la ley penal para castigar, criminalizar y perseguirnos».
En ese sentido mencionaron lo que denominaron «armados» para referirse a la llamada «Gestapo sindical» por la reunión entre empresarios, agentes de la AFI y funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal para perseguir a dirigentes sindicales. También hablaron de «los fallos judiciales que promueven el desabastecimiento y la inflación, junto a las operaciones mediáticas y judiciales del lawfare» como «el mecanismo que les permite seguir succionando el fruto de nuestro trabajo para acrecentar su rentabilidad».
«No podemos permitir que la Corte Suprema de Justicia de la Nación avale el incumplimiento de las leyes laborales y de asociación colectiva replicando las conocidas lógicas del lawfare en el ámbito sindical y laboral.», advirtieron.
También recordaron los fallos judiciales que permitieron que los servicios de telecomunicaciones aumenten sus precios sin límites, al frenar el decreto propuesto desde el Ejecutivo durante la pandemia que las consideraba un “servicio esencial” y buscaba regular sus precios.
Sobre la situación salarial de los trabajadores y trabajadoras señalaron que «Con el comienzo del gobierno de Mauricio Macri, y hasta la actualidad, ha habido una redistribución regresiva de la riqueza, en perjuicio del Pueblo trabajador. La participación de lxs trabajadorxs cayó al 40%, mientras que la ganancia de los empresarios subió al 60%.» y agregaron que hay que «recuperar progresivamente el fifty-fifty en la redistribución de la riqueza».
«A 40 años de nuestra recuperación democrática, tenemos una
Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha dado pruebas de que,
lejos de servir al Pueblo, responde a los intereses de los grupos
económicos», resumieron en el documento.
Y advirtieron que «el litio del norte, la tierra de la Pampa Húmeda, las aguas del Paraná… nada pertenece a los y las trabajadoras argentinos, sino que todo se lo llevan afuera las multinacionales bajo condiciones que negocian con cada provincia de manera individual».
Por último, remarcaron su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras «El intento de condenar, inhabilitar para el ejercicio de cargos públicos -y por ende, proscribir- a la conducción del movimiento nacional es un ataque directo al Pueblo trabajador, por ser Cristina Fernandez de Kirchner la única que sabe plantarse ante el poder real para repartir la riqueza en favor de las mayorías.»
Como cierre, confirmaron la participación del sector que «como cada 24 de marzo, marcharemos junto a las Madres, las Abuelas, los organismos de DDHH».