El titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de La Plata, Vicente Santos Atela, ratificó ayer la medida precautelar que dictó el sábado pasado el juez Francisco Terrier, y resolvió ordenar al Gobernador de Scioli que asegure la continuidad de las negociaciones paritarias con los gremios docentes, que se abstenga de descontar a los días de paro y que adopte las medidas necesarias para garantizar el inicio del ciclo lectivo en forma inmediata, a la vez que ordena a los sindicatos el cese inmediato de la huelga en curso mientras dure la negociación.
Además, el magistrado convocó a las partes a una audiencia conciliatoria el martes 1° de abril. Atela afirma que el conflicto entre el Gobierno, los sindicatos y los docentes dependientes de la dirección de Educación afecta diferentes derechos, todos de raigambre constitucional, y enumera: derecho a la educación (enseñar y aprender), derechos del niño, retribución justa y derecho a huelga. “El desafío del ordenamiento jurídico y de esta magistratura frente al conflicto de derechos e intereses” es “interpretar los mismos” con el objeto de “jerarquizar, priorizar y compatibilizar derechos en apariencia contrapuestos”, resalta el juez, para explayarse sobre el trabajo docente y el derecho a huelga.
Para Atela el docente, como trabajador público del sistema de educación estatal, posee derechos (y nombra, entre otros, el derecho a una retribución justa y a condiciones dignas de trabajo), tras lo cual añade: “Sin olvidar que el trabajo no sólo es un derecho sino también un deber social (…) Por ello, el trabajo no sólo es un derecho individual sino al mismo tiempo un deber para con el conjunto de la sociedad”.
Respecto del derecho a huelga, señala que la Corte Suprema de Justicia ha declarado que no significa que “este sea absoluto ni que impida su reglamentación legal”, en tanto debe ser armonizado con las demás garantías y derechos de la Constitución Nacional.
Desde los gremios explicaron que apelarán la nueva decisión del magistrado. Sienten que es un ataque de su derecho a huelga y a peticionar, por lo que realizarán las acciones judiciales necesarias para garantizarlo.