El juez federal platense Carlos Rozanski cuestionó la influencia del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura para avanzar en una denuncia en su contra y vinculó las «persecuciones» y «presiones» al avance de los juicios de lesa humanidad sobre «las complicidades civiles» con la dictadura militar.
«Cuando (en los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad) se comenzó a avanzar en complicidades que excedían a las fuerzas de seguridad, empezaron este tipo de cuestionamientos para frenar el avance hacia otro sector de la población», dijo el magistrado, quien puso como ejemplo editoriales publicadas por el diario La Nación, y a «una parte del Poder Judicial que fue cómplice del terrorismo de Estado».
En declaraciones a radio Vorterix, Rozanski se mostró «sorprendido» de que la denuncia presentada hace seis años por el titular del gremio judicial (UEJN), Julio Piumato, fue reactivada a «dos semanas de haber sido anunciado por Jorge Lanata y Romina Manguel», en el programa Periodismo Para Todos, donde «dijeron que el Gobierno tenía la decisión de echar a tres jueces: Freiler (Eduardo), Rafecas (Daniel) y yo».
«En principio pensé que era una noticia más de las que se inventan pero, cuando un par de semanas después comienza la persecución por parte del Consejo de la Magistratura, impulsada por el representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques, mi percepción cambió 180 grados», aseguró Rozanski.
Según el magistrado, la denuncia de Piumato, donde un grupo de empleados judiciales lo acusaba de «acoso laboral», fue retomada recientemente por el Consejo de la Magistratura a pesar de que «se demostró que era falsa y parte de una maniobra armada».
«Esa denuncia coincidió con el juicio por crímenes de lesa humanidad en la Unidad 9 del tribunal que presido, que estaba por comenzar y que Piumato tenía interés en sabotear», acusó Rozanski.
«Piumato tiene intereses oscurísimos vinculados a la época de la dictadura militar. Son inconfesables y en algún momento habrá que investigar», planteó el presidente del Tribunal Oral Federal de La Plata que condenó, entre otros, a los represores Miguel Etchecolatz y al ex capellán de las fuerzas armadas Christian Von Wernich por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
Finalmente, el magistrado negó haber alquilado un teatro a un abogado conocido para realizar juicios de lesa humanidad, al aclarar que «ningún juez alquila un teatro ni otra cosa, quien alquila es el Consejo de la Magistratura».