En el duro documento, que comenzó a definirse luego del primer encuentro de consejo directivo del año, el 2 de febrero, la central obrera reclamó «correcciones» en la orientación de la política económica, industrial y comercial y que se priorice «el sostenimiento del empleo, el crecimiento del mercado interno y el desarrollo industrial nacional».
También exigió «un programa industrial con eje en la sustitución de importaciones y el desarrollo estratégico de los sectores que posicionen el país de forma ventajosa en la economía global» y «una política comercial que impida el ingreso de productos e insumos innecesarios, introducidos con dumping social y económico, y que favorezca el acceso de aquellos insumos que sean útiles».
Para la CGT, la política económica debe orientarse hacia el crecimiento del empleo y el poder de compra de los salarios, jubilaciones, pensiones y beneficios sociales, en tanto debe haber «un programa que contenga la inflación con metas anuales, que ataque las verdaderas causas de los aumentos de precios y que aplique un plan estratégico de infraestructura nacional, con énfasis en las economías regionales y con metas y tiempos claros».
«Para el Gobierno, la clave de la recuperación económica y la palanca del progreso era la ‘confianza’ que generaba el cambio de gobierno. El círculo virtuoso de inversiones y desarrollo se iniciaría de inmediato en cuanto los inversores percibieran los primeros anuncios. Rápidamente la inflación se ubicaría en niveles razonables y la Argentina se insertaría otra vez en el mundo. La realidad devuelve una imagen bastante distorsionada», puntualizó.
La conducción cegetista que lidera el triunvirato integrado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña difundió el documento tras la reunión con las autoridades del PJ, que adhirieron a la marcha obrera del 7 de marzo próximo.
Para la CGT, la «declamada confianza» solo produjo ganancias especulativas y la llegada de capitales para lograr «una renta rápida y segura»; los planes de infraestructura del Estado son meros anuncios e intenciones y, el efecto negativo sobre el empleo, «se percibe en la calle y es corroborado por los números oficiales», en tanto «la caída del consumo y la pérdida de poder de compra por la alta y sostenida inflación agudiza la desigualdad social creciente, mientras está ausente la política industrial».
«La falta de política industrial estratégica, clara y consensuada impide regular de modo inteligente el ingreso de mercaderías e insumos, distinguiendo entre los útiles y necesarios para el desarrollo del sector de aquellos que expulsan mano de obra y profundizan la exclusión social. Hoy, otra vez, viejos agoreros del liberalismo declaman la necesidad de ajustar el mal llamado costo laboral para favorecer la competitividad y contener los salarios para detener la inflación», puntualizó la central obrera.
La CGT rechazó esos dos planteos y subrayó que los costos laborales no salariales son beneficios sociales adquiridos a través de años de lucha y sacrificio para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, como vacaciones pagas, licencias especiales, jornada laboral limitada, licencias por enfermedad, fondos para capacitación, formación y salud y programas de la seguridad social, es decir, el salario diferido.
Los dirigentes añadieron que el crecimiento del salario real es imprescindible e impostergable porque representa el motor de la economía, el sostén principal del mercado interno y el primer eslabón de la cadena de desarrollo socio-económico, por lo que la CGT «no cesará en su defensa y no se dejará confundir con discursos añosos y descartados ya en todo el mundo».
La central obrera indicó que para crecer es necesario reorientar la política económica y privilegiar el desarrollo de un mercado interno fuerte y expansivo, el crecimiento real del poder de compra salarial, fomentar las inversiones productivas e impulsar un plan de infraestructura que atienda a las economías regionales.