La CTA Autónoma ya fijó su postura en torno a los tarifazos y al fallo de la Corte Suprema de Justicia. Es que por un lado llamó a movilizar cuando se produzcan las audiencias públicas y por otro se mostró muy crítica con lo Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El que levantó la voz fue José Rigane, secretario Adjunto de CTA Autónoma y secretario General de la FeTERA. Para el ceteísta «este fallo de la Corte, si bien aparece como un “freno al tarifazo de Macri” en el corto plazo, en realidad esconde en el mediano y largo plazo un fuerte aval a la política estatal en materia energética que impulsa el gobierno del presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que no es otra cosa que beneficiar a los sectores concentrados petroleros».
«Creemos que el fallo de la CSJN resolvió de acuerdo a lo que necesita el gobierno de Macri y las petroleras, porque garantiza el precio del gas en boca de pozo, que es la clave del valor de la factura y del precio final (la producción de gas en boca de pozo representa entre un 50 y 60% de lo que hoy paga un usuario. 15% es de transporte y 25% distribución, aproximadamente)», añadió el hombre de extracción lucifuercista.
«Creemos que el fallo de la CSJN convalida los aumentos (y la política de subsidiar a los sectores concentrados) del gas en boca de pozo, que es donde se origina la producción», añadió Rigane.
Para el también titular de Luz y Fuerza Mar del Plata, «si bien el fallo explica que deben realizarse audiencias públicas para debatir el cuadro tarifario y los tres componentes de la actual factura de gas: transporte, distribución y gas en boca de pozo, creemos que el carácter no vinculante de las audiencias es un condicionante a la hora del debate. El gas en boca de pozo debe ser el eje por el cual se pueda debatir cuáles son las ganancias del sector petroleros (concentrado y extranjerizado) y cuál es el costo real que tiene la producción del gas en la Argentina».
«Desde la CTA – Autónoma creemos que el tarifazo es una consecuencia, no una causa», sostiene y agrega: «Decimos que es una consecuencia del modelo energético porque está basado en las privatizaciones, porque se desarrolló pensado en generar más unidades de negocios al vender (regalar) YPF o Gas del Estado o cualquier empresa estatal en la década de los 90s. Las privatizaciones es una política de estado que nunca se ha visto interrumpida por ningún gobierno hasta ahora».