Un informe del foro CIFRA, equipo económico de la CTA de los Trabajadores, definió la reforma laboral incluida en la Ley Bases como «regresiva» y a paladar empresario. Además plantearon que atentará contra el empleo registrado.
El informe de CIFRA detalló que la iniciativa del Gobierno «afecta sobre todo derechos individuales de los trabajadores, aunque avanzan también en forma directa sobre algunos derechos colectivos, en particular tras la inclusión de causales de despido vinculadas con acciones colectivas».
Mariana González y Ana Laura Fernández, analistas de CIFRA, remarcaron a BAE Negocios los trazos «antiestatales» de la reforma que, más allá de la promesa oficial del Gobierno a la CGT, no tuvo interacción con los gremios.
CIFRA alertó que se trata de una reforma que de varias formas puede incentivar el no registro de relaciones de dependencia, «ya que elimina sanciones e indemnizaciones vinculadas con la no registración y, a la vez, habilita formas contractuales ‘no laborales’ que pueden enmascarar relaciones de trabajo».
El ítem «monotributismo legal» o «uberización» que denunciaron los sindicatos y centrales, versa sobre la figura de «trabajadores independientes con colaboradores».
Allí detallan que a tal «creación» se suman algunos cambios que facilitarían el uso de contratos de locación de obra o de servicios para la contratación de trabajadores, práctica difundida que suele encubrir relaciones laborales no registradas como tales.
En CIFRA, además, ponderaron que se abre un nuevo blanqueo laboral que también puede desincentivar la registración al generar la expectativa de condonaciones de deuda a futuro. «Para los asalariados formales implica precarizar su situación de diversas formas», enfatizaron.
CIFRA también analizó la extensión del período de prueba (durante el cual se puede despedir sin indemnización) y la ampliación de la tercerización laboral con responsabilidad solidaria limitada.
Desde el prisma de la parte empleadora, esta ley de algún modo recorta costos laborales, en algunos por la mayor permisividad hacia la no registración y el fraude laboral.