La medida de fuerza fue anunciada por el secretario general de la UOM y diputado nacional Oscar Martínez, aunque con el correr de las horas se sumaron declaraciones de ministros, diputados, legisladores, concejales y representantes de sindicatos como el docente (Sutef) camioneros y empleados de comercio, todas coincidentes en la necesidad de “defender” la industria promocionada.
“Hemos tomado la firme decisión de hacer visible el reclamo. Es hora de que el Gobierno Nacional asuma la decisión de encontrar alternativas para la delicada situación que atraviesa el sector industrial fueguino”, aseveró Martínez.
El diputado se refirió a la caída en el nivel de las ventas de las empresas, producto de la retracción del mercado interno, y dijo que ello derivó en despidos como el de 18 supervisores anunciado esta semana por el Grupo Mirgor, de Nicolás «Nicky» Caputo.
A su vez, hizo hincapié en la “intención” de sectores ligados al Gobierno de “terminar con la promoción industrial en la Isla”, y aludió a un supuesto censo que le habrían pedido a los dueños de las fábricas para conocer las provincias de origen de los trabajadores y de ese modo facilitarles su regreso en caso de despidos masivos.
Sin embargo, el presunto relevamiento fue desmentido, tanto por autoridades provinciales como por las cámaras empresariales.
Martínez insistió en que “las medidas del Gobierno Nacional buscan despoblar Tierra del Fuego, y no lo vamos a permitir”, advirtió.
Por su parte, tanto el ministro de Industria fueguino, Ramiro Caballero, como el de Trabajo, Claudio Carrera, salieron a defender el régimen industrial ante un eventual intento por desmantelarlo.
“Si bien no dejan de ser rumores, estamos muy preocupados. No estamos dispuestos a renunciar a una ley que genera desarrollo tecnológico y puestos de trabajo, con la capacidad instalada que ya tenemos”, señaló Carrera.
El ministro también desvirtuó la posibilidad de que las industrias fueguinas puedan reconvertirse a un parque de generación de energías renovables, como plantean sectores del gobierno nacional.
“Con la gobernadora (Rosana Bertone) coincidimos en que un polo de energía renovable sería bienvenido porque generaría más actividad. Pero no puede sustituir el polo industrial”, indicó Caballero.
En la misma línea, el presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte) Federico Hellemeyer, dijo que la posibilidad de que se pretenda sustituir empresas electrónicas por energías renovables “es inexacta o al menos no la tenemos verificada desde ninguna fuente”.
“Hay un debate en el Gobierno Nacional respecto del futuro de la provincia, por supuesto que lo hay, como hay debate sobre todas las economías regionales. Pero la manera en que los medios y otros actores interpretan esa discusión, es un terreno distinto. El problema es que nos manejamos con trascendidos”, evaluó Hellemeyer.
No obstante, la chance de que se efectúen recortes a los beneficios impositivos que alcanzan a la industria fueguina hizo tomar distancia hasta a los propios funcionarios vinculados con el Gobierno.
Por ejemplo, el legislador provincial por la UCR-Cambiemos, Pablo Blanco, opinó que existe un “fuerte lobby en contra de Tierra del Fuego por parte de los importadores”, y les pidió a los industriales que “defiendan con más énfasis los beneficios de la ley nacional 19.640”.
Blanco adelantó que le pedirá a la gobernadora Bertone que “convoque a todas las fuerzas políticas a debatir una postura unificada de defensa del régimen industrial, tal como fue aprobado hace un mes atrás por la propia Legislatura”, enfatizó.