La firma multinacional dijo que alcanzó un acuerdo con la representación sindical, encabezada por el exsecretario general de la CGT Rodolfo Daer, en el marco del procedimiento legal y que tuvo un plazo de vigencia que terminó el viernes. Por ello, en paralelo, pidió que se desaloje la planta ocupada por sus trabajadores que reclaman la continuidad laboral.
Según la empresa el acuerdo con el gremio ya ha sido aceptado «por casi la totalidad de los trabajadores, contempla el pago de una suma por el doble de la indemnización legal por antigüedad y una extensión de la cobertura médica para el trabajador y su grupo familiar de hasta 6 meses por sobre el mínimo legal».
PepsiCo indicó que decidió avanzar en este entendimiento con el gremio de la Alimentación al confirmar que el cierre de la planta era «irreversible» y aclaró que nunca ha considerado reabrir la operación en la planta de Florida dada su «inviabilidad».
La firma de capitales estadounidenses decidió el 20 de junio pasado cerrar la planta ubicada en la localidad de Florida, en el partido bonaerense de Vicente López donde se fabricaban snacks salados.
Las razones del cierre incluyen su localización en un barrio residencial con su consiguiente imposibilidad de ampliación ni modernización y la inviabilidad económica derivada de su alta estructura de costos, dijo la firma en un comunicado.
Y agregó las dificultades logísticas de acceso y traslados, entre otros factores.
La compañía inició desde entonces un Procedimiento Preventivo de Crisis y comenzó a contactar a cada una de los 536 despedidos.
«Se ha invitado a cada uno de ellos a reunirse de manera personal mientras continúa pagando a todos sus haberes y aguinaldos hasta el 31 de julio», dijo la empresa.
Los empleados de la planta, en desacuerdo con la cierre, mantienen la ocupación pacífica de las instalaciones para que no sea vaciada. El sábado recibieron con preocupación la noticia de que la empresa había pedido el desalojo judicial y temían por la utilización de la violencia para cumplir con el requerimiento empresario.
Los obreros reclaman continuidad laboral y dicen que el proceso de crisis presentado por Pepsico es fraudulento, sólo legalizado por la labor cómplice del Ministerio de Trabajo Jorge Triaca.