Una pericia contable en el gremio de metalúrgicos fue ordanada por la causa en la que se investiga si entre 1987 y 2014 el Instituto del Seguro S.A. pagó 20.000 dólares mensuales a la cúpula de la UOM como comisiones ilegales para asegurarse el cobro de seguro de vida y sepelio a los afiliados al gremio.
La fiscal Gabriela Ruiz Morales impulsó la pesquisa y solicitó que también se investigue si hubo lavado de dinero.
Yadarola ordenó la pericia contable a los libros del Instituto del Seguro –secuestrados meses atrás por orden del magistrado- y fijó un plazo máximo de 180 días para que los cinco expertos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a quienes les encomendó la tarea, presenten el informe.
En la pericia se pide información sobre la variación del patrimonio del Instituto desde 1987 a 2014; ingresos y egresos; disposiciones líquidas en moneda nacional y extranjera que tenía y los depósitos que recibió de la UOM por seguro de vida y sepelios.
Yadarola ordenó, además, que se determine si el Instituto realizó pagos a 23 dirigentes de la UOM.
La causa se inició luego de la admisión del delito del ex jefe de sector de legales de la UOM, Segundo Pantaleón Córdoba, condenado en setiembre último por un tribunal oral a un año y nueve meses de prisión, luego de un “juicio abreviado”.
El letrado incriminó al titular del gremio, Antonio Caló, a otros dirigentes de la UOM, como los ex intendentes bonaerenses Francisco Gutiérrez y Hugo Curto.
Córdoba había sido detenido en agosto de 2011 en la terminal de Buquebús, cuando se aprestaba a viajar a Uruguay con su automóvil BMW, en el que fueron hallados 800.000 dólares en efectivo.
El abogado afirmó entonces que ese dinero era ahorros de sus ingresos, entre ellos los dólares que mensualmente le pagaba “en negro” y en “prolijos sobres marrones” el Instituto del Seguro, debido a un pacto entre Julio Raele, el titular del organismo y el fallecido secretario general de la UOM Lorenzo Miguel.
Córdoba “habló por despecho, porque fue echado de la UOM”, dijo Caló y agregó: “es un condenado, despedido por malversación de fondos”.