Ante el inminente despido de al manos 1.200 trabajadores petroleros en la Patagonia, el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, llevó adelante ayer febriles negociaciones con cámaras empresarias para intentar evitar que se concreten las cesantías.
Pereyra se reunirá también hoy con el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, para avanzar en el intercambio de ideas con el objetivo de exigir a las empresas que mantengan la actividad.
El gremio denuncia que las compañías que operan en la Patagonia están paralizando equipos de producción a pesar del acuerdo por el que el Gobierno subsidia con entre 22 y 23 dólares por barril para alcanzar un precio interno de 67,50 dólares.
A principios de 2015, los sindicatos firmaron con el Gobierno de Cristina Kirchner, los gobernadores y las empresas un acuerdo para mantener la actividad, por lo que se fijó el precio interno del crudo en 77 dólares.
Ya con el Gobierno de Mauricio Macri, el acuerdo fue revisado y se lo extendió pero con un precio interno de 67,50 dólares, lo que contemplaba una fuerte suba en los precios de los combustibles para que sean los consumidores lo que afronten la compensación.
Ese acuerdo contemplaba un mejor precio para las compañías a cambio de mantener la actividad (no despedir trabajadores) e ir en busca del autoabastecimiento energético, principalmente en el caso del gas.
Para el gas se fijó un nuevo precio del gas en boca de pozo que llega a 5,80 dólares el millón de BTU, con un subsidio para alcanzar los 7,50 dólares, uno de los valores más altos del mundo, pero a pesar de esto -dijo Pereyra- «las empresas siguen bajando equipos y vaciando la actividad».
«Deben mantener la actividad pero hacen todo lo contrario y eso genera consecuencias como los despidos, la angustia de miles de familias. Estamos atravesando un procedimiento de crisis que va a terminar a fines de la próxima semana», señaló el sindicalista en declaraciones a Radio 10.
Y agregó: «Terminado ese procedimiento, las empresas van a proceder a despedir trabajadores. Nosotros nos estamos movilizando a los efectos de impedir los despidos que tienen planificados la compañías productoras».
Justamente, el alza en el precio de los combustibles es para pagar el mejor valor interno del crudo respecto del internacional: la diferencia es de entre 22 y 23 dólares por cada barril de petróleo.
«Ahora tenemos en situación delicada a unos 1.200 trabajadores además de los puestos que no son cubiertos después de la salida de personas que se jubilan», indicó Pereyra desde el Neuquén, antes de volar a Buenos Aires.
Y afirmó que el compromiso de los gremios es «mantener la paz social», lo que está siendo cumplido «con creces», pero se preguntó «hasta cuando puede llegar esto cuando comiencen a despedir compañeros».
Al ser consultado sobre una presunta deuda de 2000 millones de dólares del Gobierno con las empresas, el sindicalista dijo que el pasivo del cual está informado alcanza los 1.300 millones de dólares.
Esa deuda es por gas que las empresas le vendieron a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), dijo Pereyra, quien agregó: «No puede ser que por una cuestión de desinteligencia entre el Gobierno y las empresas estemos pagando los trabajadores».