La denuncia se realizó «por expresas instrucciones del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido» contra quienes con su accionar están «impidiendo, estorbando y entorpeciendo con ello la prestación del servicio público de distribución y transporte de gas natural y el normal funcionamiento de plantas termoeléctricas de generación de electricidad».
El escrito señala que en el día de la fecha (por ayer) «uno de los mayores sindicatos de petróleo del país inició una medida de fuerza que bloquea la producción de yacimientos de petróleo y gas, la producción de combustible por bloqueo de refinerías y estaciones de servicio» y estima que ese accionar «impactará sobre 40 millones de m3 de gas natural que no solo afectará la industria nacional sino también en la provisión domiciliaria de gas».
Además se citan las declaraciones del Titular de la Federación Argentina de Petróleo, Gas y Biocombustibles, Alberto Roberti, quien habría declarado en distintos medios de prensa de no mediar una respuesta positiva del gobierno a los reclamos de su sindicato habría un «paro de 72 horas».
«Así, la medida ya se encuentra perjudicando no solo a los usuarios de gas y electricidad, sino también al servicio de transporte aerocomercial. En Salta más de cien pasajeros de Aerolíneas Argentinas quedaron varados en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes a causa de la falta de provisión de combustible, conforme lo acredita la documentación periodística que se acompaña», afirma el escrito.
Por otra parte, se subraya que en Santa Cruz, el secretario general del Sindicato de la Cuenca Austral, Pedro Pérez, manifestó que no permitiría «la circulación de vehículos que se encuentren afectados a las empresas petroleras. Serán paralizados los camiones que transportan combustible.”
«Nos encontramos ante una actividad calificada por ley como servicio público, la cual no puede ser interrumpida ni amenazada por actitudes sindicales que exceden el legítimo derecho de huelga. Ningún ciudadano de nuestro país puede ver en riesgo la prestación de estos servicios esenciales con la mera invocación de un conflicto de un sector sindical con uno de los ministerios del Poder Ejecutivo Nacional», destacaron desde el Ministerio de Planificación.
Por otra parte, se aclaró que la denuncia «no implica pretender menoscabar ni desconocer el derecho a la protesta social y a la huelga, sino que lo que se procura evidenciar es el exceso ocurrido en el marco de los hechos denunciados, que afectan al servicio público de transporte y distribución de gas natural y de energía eléctrica».
Respecto de la calificación penal, el denunciante pide que se investigue la existencia de «delitos contra la Seguridad Pública».