La Justicia deberá expedirse sobre los despidos masivos de carteros y los cierres de las sedes de Correo Argentino en todo el territorio nacional. Es por una acción de amparo promovida por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, en el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de la ciudad autónoma de Buenos Aires.
En el escrito elevado al juez Enrique Alonso Regueira se reclamó que la Justicia ordene en menos de 48 horas una medida de no innovar destinada a preservar la estructura de la empresa y el personal que la integraba hasta el 20 de diciembre de 2023 en todas sus sucursales.
La acción de amparo “en resguardo al derecho de incidencia colectiva de defensa de la correspondencia pública y privada” fue promovida por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, con patrocinio letrado de Eduardo Barcesat.
El Correo Argentino tuvo, hasta la llegada de Javier Milei a la Presidencia, 1452 oficinas y 16.800 empleados en todo el país. El plan del gobierno nacional supone reducir el plantel a 500 oficinas y 9500 personas, con retiros anticipados y despidos.
Unos 3500 empleados ya se desvincularon, otros 377 fueron despedidos y al menos 50 sucursales fueron cerradas.
La mayoría de los cierres tuvieron lugar en territorio de la provincia de Buenos Aires, por lo que decidió acudir a la Justicia el intendente de Esteban Echeverría, donde además Correo Argentino tiene su principal sede de clasificación y distribución, según recuerda el amparo.
“Vengo a promover acción expedita y rápida de amparo (art. 43, 2° párrafo, CN), la que solicito tramite por el procedimiento del juicio sumarísimo de la Ley 16.986, dirigida contra el Poder Ejecutivo Nacional (…), en su condición de accionista principal de la empresa Correo Oficial de la República Argentina SA (…) tendiente a obtener la tutela jurisdiccional del derecho, como consumidores y usuarios, de contar con un servicio de correo, público y privado, eficiente y de tarifas razonables y trato digno para los usuarios (art. 42 de la CN), lo que comporta el mantenimiento de la estructura funcional y normativa (DNU 701/2004) vigente hasta la malhadada imposición del DNU 70/2023, el que pretende trastocar al Correo Oficial de la República Argentina SA mediante un proceso de desmantelamiento de su estructura, competencias, personal y sucursales, a los fines de su privatización”, se lee en la demanda judicial publicada por La Nación.
Y continúa: “El Correo tiene su principal sede de clasificación y distribución en el Centro de Distribución de Correspondencia, sito en el partido de Esteban Echeverría (BA), lo que conlleva reclamar el mantenimiento y/o la reposición de todo el personal de planta de la misma y del conjunto de sus sedes, en todo el territorio de la Nación argentina. Comprende también esta acción de amparo la tutela de los fines institucionales y de política económica establecidos en el art. 75, incisos 18, 19, y 23 de la CN, en cuanto concierne a la comunicación derivada del servicio de correspondencia, pública y privada, amenazados por un incierto proyecto de privatización que está –ya– lesionando los derechos que tutela la CN”.
