Por una causa de origen sindical, denuncian a Ariel Lijo por prevaricato y mal desempeño y le suman un interrogante a su postulación como supremo

(Por Pablo Maradei) Una denuncia por prevaricato y mal desempeño podría eclipsar la candidatura a supremo de Ariel Lijo, uno de los dos magistrados propuestos por Javier Milei. Lo acusan de «cajonear» una causa que tiene como origen una discusión gremial y en la que se comprobó la falsificación de firmas.

La postulación de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansillaa a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ambos promovidos por la gestión libertaria de Javier Milei, desató un vendaval de cuestionamientos. Las luces se posaron sobre ambos, pero especialmente sobre LIjo quien encontró una fuerte resistencia mediática.

La voz más potente contra Lijo es, tal vez, Carlos Pagni. Le dedica minutos de aire y una importante cantidad de centímetros en sus habituales columnas políticas. Desde allí resurgió una vieja causa de origen gremial que podría perjudicar las aspiraciones del magistrado y por la que está denunciado por prevaricato.

La causa en cuestión está en manos del fiscal a Eduardo Taiano y la querellante es María Emilia Villar, la secretaria general del Sindicato de la Patagonia de los Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros. La denuncia es contra el secretario general a nivel nacional Luis Hlebowicz, quien conduce el sindicato de Pasteleros porteño y la Federación.

Luego de más de 5 años sin movimientos, la denunciante resolvió antes de la feria judicial presentar dos denuncias contra Ariel Lijo: una, del 12 de junio, por prevaricato; la otra por mal desempeño, presentada ante el Consejo de la Magistratura el 18 de junio. 

De la lectura de la primera a la que InfoGremiales tuvo acceso se lee: «Se solicitó una Pericia Caligráfica a la Policía Federal Argentina y la respuesta confirmó la falsificación de firmas, como inicio de los posibles delitos concatenados que la investigación, de haber sido llevada a cabo por parte de S.S. se hubieran descubierto. El Juez de la causa en cuestión, al tener una denuncia y una pericia que confirma la falsificación, ya tiene el delito y la confirmación del mismo, y claramente lo contrario a investigar es encubrir y esto nos lleva a confirmar que estaríamos ante La prevaricación o prevaricato(del latín varicar, «renquear, torcerse») lo cual es un delito que consiste en que una autoridad, juez u otro servidor público dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo o judicial a sabiendas de que dicha resolución es injusta y contraria a la ley«.Sigue: «Al proceder, el Juez en favor del delincuente, nos encontramos en una llamativa situación lo que nos lleva a re confirmar nuestras palabras, nuestra denuncia y por ello se solicitó una nueva pericia caligráfica, esta vez, al área de Pericias Caligráficas de la Cámara Federal de la Nación y esta dio como respuesta y resultado la confirmación de la falsificación de firmas…».

Un dato: cuando se prueba la prevaricación, la pena establecida por el Código Penal es de “prisión o reclusión, multa e inhabilitación absoluta perpetua» para ejercer el cargo. 

La trama de la historia

De acuerdo a lo que recogió InfoGremiales, el disparador de la causa judicial fue el balance del año 2013 en el que Villar constató que le habían falsificado la firma. Villar es secretaria general del Sindicato de la Patagonia desde 2012; por lo que hoy está cursando su tercer mandato; y valga mencionar llegó al gremio como dirigente del oficialismo. Pero también deberían estar -aunque no lo están por el no accionar judicial- bajo la lupa del juez y del fiscal los balances de la obra social.

La firma de Villar es clave en el balance porque es la Revisora de Cuentas Titular; y es a quien, siempre según el expediente, le trucharon la firma de acuerdo a lo que indican las pericias caligráficas que figuran en la causa. Este hecho estaría verificado en 4 balances. Además que, como también consta en el expediente, de 2013 a 2019 ningún balance fue certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas según convalidó esta institución; lo que finalmente se hizo en 2020 cuando se certificaron todos juntos. Pero los que siguen la causa se preguntan si lo que se legalizó es lo que se les presentó a los socios en la Asamblea que aprobó todas esas «Memoria y el Balance» del sindicato y de la obra social. Incógnitas.