El secretario General de UTE-CTERA, Eduardo López, explicó “que actualmente, las maestras que son agredidas por sus parejas se ven obligadas a pedir licencia por enfermedad o, peor aún, licencia psiquiátrica», lo cual es luego utilizado en su contra por los agresores en contextos de judicialización.
“La licencia por psiquiatría, además de estigmatizar a la víctima, es utilizada en su contra en caso de llegar a un juicio por la tenencia de los hijos, por ejemplo», añadió.
López remarcó que el proyecto apunta a «evitar la revictimización, ya que actualmente, además de sufrir una agresión física o psicológica, la víctima pasa a ser ‘loca’, tanto para el marido y como para la administración pública”.
El dirigente explicó que uno de los artículos del proyecto establece la posibilidad de que las víctimas soliciten un “traslado interjurisdiccional o cambio de horario”, con el fin de evitar un nuevo episodio de violencia.
En este sentido, citó como ejemplo un caso ocurrido en Chubut, una de las dos provincias del país -junto con Santa Fe- que ya incluyeron en el estatuto docente la licencia por violencia de género. Allí, una maestra oriunda de Misiones que trabajaba en Puerto Madryn pidió el traslado a una escuela de su provincia para eludir las agresiones de su marido, y a la vez, estar acompañada por su familia.
En cuanto a los mecanismos para solicitar la licencia, el diputado por Nuevo Encuentro y uno de los impulsores de la iniciativa, José Cruz Campagnoli, explicó que es suficiente que la docente “avise al director de la escuela», y que a partir de ese momento «tendrá 48 horas para presentar el certificado”.
Este será emitido «por cualquier organismo de carácter local o nacional con competencia para la atención y asistencia a las víctimas», señala el texto.
Esta misma autoridad competente, que es la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires, tendrá capacidad para cursar la denuncia correspondiente y definir los pasos a seguir para abordar la problemática.
Campagnoli consideró que para la víctima es “mucho mejor dirigirse a un organismo que hace un abordaje interdisciplinario del problema, que tener que ir a una comisaría o a un hospital”, sobre todo en un momento de mucha vulnerabilidad como son los momentos inmediatamente posteriores al episodio, al que el diputado se refirió como “primer trauma”.
El legislador anticipó que si bien el proyecto presentado hoy afecta sólo al estatuto docente, el objetivo a futuro es «ampliarlo a toda la planta de los trabajadores del Gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires».
La iniciativa, que fue presentada esta mañana en en el salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña, fue impulsada también por los legisladores Lorena Pokoik (Frente para la Victoria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Virginia González Gass (Partido Socialista Aunténtico).
También acercaron su adhesión al proyecto los legisladores Jorge Taiana, Paula Penacca, Alejandro Bodart y Pablo Fereyra.
“Mañana (jueves) será tratada en la Comisión de Legislación”, dijo López a Télam, y agregó que la iniciativa cuenta con el “espaldarazo de la marcha del 3 de junio”, en referencia a las movilizaciones que se llevaron a cabo en diferentes ciudades del país como parte de la campaña nacional contra los femicidios bajo la consigna #NiUnaMenos.
La licencia por violencia de género fue incorporada en Chubut en abril de 2014, gracias a una acuerdo entre el ministro de Educación local, Rubén Zárate, y los dirigentes gremiales del sector; en tanto, en Santa Fé se implementó en octubre pasado, luego de que una comisión técnica paritaria definiera los mecanismos para solicitarla.
Asimismo, en Entre Ríos el proyecto ya tiene estado parlamentario.