Los camaristas Luis Bunge Campos y Jorge Rimondi dejaron sin efecto la medida ordenada por la jueza de instrucción María Gabriela Lanz y dispusieron diversas medidas de prueba que «hasta que no sean concretadas habrá de estarse al auto de falta de mérito respecto de los imputados”.
La medida benefició a los trabajadores Mario Andrés Molina, Luis Leonardo Torres, Héctor Rubén Cáceres y Néstor Claudio Marcolin, cuatro de las caras visibles del conflicto que mantuvieron con la empresa desde fines de junio a principios de agosto de este año.
Los cuatro delegados habían denunciado la contratación masiva “de personal con el objeto de establecer una ‘patota rompehuelgas’ o fuerza de choque que responde a los intereses de la empresa” y vincularon a supuestos integrantes de la barra brava de Nueva Chicago con esas supuestas prácticas.
Entre otras medidas la Cámara dispuso establecer si existen procesos penales contra Roger Rojas Fuentes, querellante contra los delegados de la Línea 60 y está patrocinado por el estudio del abogado José María Orgeira, ex defensor del dictador Roberto Viola.