El Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó una ordenanza que fija un cupo de reinserción laboral para victimas rescatadas del delito de trata, determinado en el 1% de todos los lugares disponibles en el municipio y bajo todas las formas de contratación.
El proyecto presentado por el concejal Gonzalo Carrillo fue aprobado por unanimidad.
La ordenanza indica que «el Departamento Ejecutivo Municipal debe ocupar personas víctimas del delito de trata con fines de explotación sexual de acuerdo con la Ley Nº 26.364 y su modificatoria, que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas».
Esto será obligatorio tanto para personal de planta efectiva como para los contratados bajo cualquier modalidad y «para todas aquellas situaciones en que hubiere tercerización de servicios».
En cuanto al derecho a la privacidad, indica que «se deberá contar con la autorización escrita de la persona damnificada, resguardándose la intimidad y confidencialidad de la información», en tanto que se aclara que «la falta de antecedentes laborales y educativos de las personas beneficiarias no será un impedimento para acceder a los derechos» que reconoce la ordenanza.
La sesión contó con la presencia del director del Comité Ejecutivo de Lucha contra de la Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Gustavo Vera, quien brindó el apoyo y las herramientas para la concreción de esta nueva ordenanza.
«Nos parece un paso extraordinario que está en línea con los esfuerzos que está haciendo el Estado nacional para generar políticas de inclusión laboral, como por ejemplo el programa de capacitación e inclusión laboral que acaba de aprobar el ministerio de Trabajo de la Nación», dijo Vera a Télam.
«Saludamos esta iniciativa y llamamos a replicarla en la mayor cantidad de municipios de la República Argentina y también saludamos el proyecto que presentó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que ya tiene estado parlamentario, que establece un cupo de reinserción laboral, pero en el ámbito privado y con el apoyo del estado provincial haciéndose cargo de las cargas de las cargas sociales o de becas si se trata de pasantías», agregó el funcionario nacional.
Ese proyecto prevé el reintegro de cargas sociales por un año, con una prórroga de 6 meses por única vez, y la posibilidad de otorgar becas totales o parciales y contratos de pasantía laboral.
Por su parte, el concejal tucumano Gonzalo Carrillo, autor de la iniciativa, declaró que «esto es una conquista más para la ampliación de derechos» y que es «fruto del trabajo constante y silencioso para visibilizar una problemática que nos concierne a todos y todas y en la que cuesta hacerse cargo».
«A partir de ahora, aportamos un granito de arena para que el Estado esté presente para garantizar derechos vulnerados y brindar la contención necesaria para que las víctimas puedan reinsertarse socialmente y evitar ser revictimizadas», finalizó.