El secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), Sergio Sasia, apoyó la decisión del Gobierno nacional de abrir un expediente administrativo a once grandes empresas alimenticias que proveen artículos de consumo masivo por no entregarlos o retener volúmenes de producción, y reclamó «el inmediato esclarecimiento de la situación».
«La decisión del Gobierno de denunciar o imputar a esas empresas alimenticias es correcta, luego de que los inspectores de la Secretaría de Comercio Interior verificasen de forma fehaciente faltantes de algunos productos básicos en las góndolas», afirmó.
Sasia, el principal referente del espacio gremial Sindicatos en Marcha para la Unidad Nacional (Semun), señaló en un comunicado de prensa que la organización «no culpa ni incrimina a nadie», pero expresa que «el procedimiento administrativo ejecutado debe desembocar en el inmediato esclarecimiento de una situación irregular» en el país.
Sasia respaldó la decisión de que esas 11 firmas imputadas o denunciadas tengan 5 días hábiles para aclarar lo ocurrido, retomar la producción y garantizar «los niveles de stock y la comercialización», y aseveró que el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas, ya aclaró que «el objetivo no es sancionar sino que esas compañías vuelvan a producir para abastecer los stocks de mercadería en los puntos de venta».
Sasia añadió que, si deciden no hacerlo y no aclarar la situación deberán «hacerse cargo» de «las sanciones correspondientes», y reclamó que las empresas remitan la información requerida para concluir «el proceso administrativo y un conflicto que nadie desea».
Sin embargo, sostuvo que «si las firmas ocultan o desinforman de forma malintencionada evidenciarán que intentaron de forma arbitraria desabastecer para empujar una nueva suba de precios en los alimentos básicos, lo que es absolutamente imperdonable».
“Es razonable la duda. Las empresas sometidas al proceso administrativo son todas exportadoras de productos alimenticios, por lo que siempre les será más rentable exportar que abastecer el mercado interno. Si los precios internacionales de esos stocks se alinean con los locales la pobreza treparía a niveles inimaginables», concluyó Sasia.
La Secretaría de Comercio Interior imputó ayer a las firmas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G. Paladini y Potigian de retener volúmenes de producción o no entregarlos, luego de que sus inspectores verificasen puntuales desabastecimientos en supermercados y comercios.
«Aunque el Gobierno apuesta al diálogo, la actitud no reemplaza la potestad del Estado de aplicar las leyes», había afirmado ayer Kulfas luego del encuentro de gabinete económico, en tanto Comercio Interior verificó que esas firmas habrían incumplido la intimación para aumentar la producción hasta el más elevado nivel de su capacidad instalada y de arbitrar los medios para asegurar su transporte y distribución a fin de satisfacer la demanda.