Un caliente congreso ordinario de delegados se está cocinando en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) para mañana. El temario, que incluye aprobar los balances de 2015, 2016, 2017 y 2018, generó un importante revuelo en cada uno de los sectores en los que se divide la actividad, que ya realizó asambleas con mandatos claros.
El dato, no menor, es que desde febrero de 2016 hasta febrero de 2018, la organización estuvo en manos de diferentes interventores designados por el entonces ministro de Trabajo Jorge Triaca, con una cantidad innumerable de irregularidades en torno al manejo de fondos.
La gestión de Raul Omar Durdos, por su parte, mantiene sobre su cabeza la espada de Damocles del juez Rodolfo Canicoba Corral, que sigue reteniendo la Obra Social sindical en manos de su cuñado. A pesar de varios amagues que hizo respecto de devolverla, el magistrado sigue atento los eventos porque teme que un avance de la nueva conducción en la pesquisa sobre lo ocurrido en la «normalización» se replique en la OSPM y termine llevando a sus cuentas bancarias.
Según pudo saber InfoGremiales, los delegados llegarán mandatados para rechazar todos los balances de la intervención e insistirán fuerte en la judicialización de lo actuado por los interventores. Es de público conocimiento que hubo desmanejos y exigirán que se aclare en tribunales.
Pero no sólo eso, para el mismo día esta convocado el congreso extraordinario de delegados en el que el eje central es la expulsión de los dirigentes Fernando Soppeti, Daniel Almogera y la del extitular del gremio Enrrique Omar «Caballo» Suárez. La idea mayoritaria sería la desaprobación de las expulsiones, lo que en la práctica redundaría en un espaldarazo a la idea de que hay una persecución dirigida hacia quienes fueran los máximos exponentes del sindicato.