Un protocolo y un curso sobre indicios de trata y explotación laboral para inspectores del ministerio de Trabajo bonaerense fue presentado en la provincia de Buenos Aires, en el marco del Día Mundial de la lucha contra esta problemática, establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La iniciativa fue presentada por la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, y el subsecretario de Inspección del Trabajo, Emiliano Ré.
«Esto es una prioridad para este ministerio. Sabemos que no es algo que se hace a voluntad, que requiere de recursos económicos pero también recursos de capacitación y de interacción», afirmó Ruiz Malec.
Según se informó, el protocolo busca mejorar la detección temprana del delito, uniformar el accionar de todas las áreas vinculadas a las acciones de inspección y lograr una mejora sustancial en términos de eficacia y eficiencia de las actuaciones.
Asimismo, la ministra de Trabajo pidió no reparar «solo en las fechas alusivas» y destacó que este plan de trabajo «es para todo el año».
«Lo que estamos presentando es para que todo este tiempo trabajemos para la detección, la sanción del delito y para la restitución de derechos a bonaerenses, y muchas veces a ciudadanos y ciudadanos de otras provincias y de otros países, que se encuentran en situación de vulnerabilidad», indicó Ruiz Malec.
Tras detectar la falta de una política de inspección para la detección de indicios de explotación laboral, la Subsecretaría de Inspecciones del Trabajo definió en 2019 como prioritarias las líneas de acción orientadas a combatir este delito, entendido como la máxima expresión de precarización y vulneración de los derechos de trabajadores y trabajadoras.
Por su parte, Ré recordó que con anterioridad no existían «acciones de oficio» para fortalecer la detección temprana de este delito.
«Cuando arribamos al ministerio encontramos una ausencia total sobre cómo abordar esta temática. La actividad se limitaba a acompañar los allanamientos cuando la Justicia lo solicitaba», manifestó.
En el mismo sentido, la directora de Acceso a la Justicia y Asistencia a la Victima, Lucia Iañez, rescató la decisión de implementar medidas reparatorias.
«No hay una privación de algunos derechos, hay una privación total de todos ellos, de la libertad y de la dignidad. Cuando se rescata a las víctimas, encontramos que tienen dificultades para proyectar su vida, después de pasar por situaciones tremendas».
En el contexto de la pandemia, la provincia asistió a 93 personas víctimas de trata con fines laborales, o sus delitos conexos.
Además se asistieron tres casos de personas víctimas de finalidades mixtas (laboral y sexual), por lo que el número de personas asistidas se eleva a 96.
El 62,3% de las personas asistidas eran víctimas de trata con fines laborales, mientras que el 37,7% eran víctimas de alguno de los delitos conexos.
En tanto, el 83% de las víctimas de trata con fines laborales asistidas son personas nacidas en el país; le siguen Bolivia con 5,7% y Paraguay 4,5%, según la información oficial.