El informe mensual elaborado por la Junta Interna, que integran Raúl Llaneza, Marcela Almeida y Fabio Peñalva, indicó que «ese valor salarial se alcanzó sobre la base de la utilización de datos oficiales del propio Indec», aseveró un comunicado de prensa.
«Ese hogar y esa pareja necesitaron a septiembre último 73.470,10 pesos para satisfacer sus necesidades. Ese valor se integra con 24.550,60 pesos para adquirir una canasta alimentaria mínima y con otros 48.919,50 pesos para acceder a otros bienes y servicios básicos. Así, el Estado empleador debe reconocer la pérdida salarial», puntualizó.
Los estatales exigieron hoy «el pago de la deuda de la pauta salarial 2019/20, la rediscusión de la negociación de este año, un piso de haberes de 73.470 pesos, la regularización del empleo fraudulento (figura del monotributista) y el pase a planta permanente», y rechazaron la oferta oficial para octubre del 7 por ciento.
«La situación que evidencian los indicadores económico-sociales indica cómo se profundizaron las desigualdades, la carestía en la canasta de consumo de los sectores populares, la pérdida de puestos de trabajo y la abrupta caída en la pobreza de decenas de miles de hogares. A ello se suma el reciente aumento de los combustibles», afirmaron.
La Junta Interna indicó también que ello impactará en «el precio de los productos» y que «la liberación de las tarifas de los servicios públicos a partir de enero de 2021 golpeará de lleno en el bolsillo de los trabajadores, jubilados y sectores vulnerables», continuaron.
«La inflación acumulada del período noviembre 2015-septiembre 2020 fue del 402 por ciento, la acumulada interanual del 36,6 por ciento y, la pérdida de poder adquisitivo respecto de noviembre de 2015 de una categoría estatal DO a septiembre último, del 37,2 por ciento, por lo que no es posible aceptar un 7 por ciento de mejora», concluyó el informe de los delegados del sindicato que a nivel nacional lidera Hugo Godoy.