Los bancarios y los choferes de colectivos buscarán el primer entendimiento en su negociación paritaria 2023. Para los empleados de Comercio y los estatales será el turno de la revisión del acuerdo de 2022. Conformarán el primer indicio del comportamiento de la negociación colectiva, bajo estricta supervisión de Economía y Trabajo.
La tercera semaaa de enero será clave para el inicio de una nueva ronda de negociación salarial. Apenas arrancado el año habrá 4 actividades importantes que se sentarán a la mesa de discusión y brindarán el primer indicio paritario del año.
Al coincidir con el año calendario, en el primer mes del año comienza la paritaria de los bancarios. Los conducidos por Sergio Palazzo iniciarán su ronda 2023 en una negociación que suele convertirse en referencia para el mercado de trabajo.
Todavía no hay números en danza. Se sabe que Sergio Massa pidió que se encuadren en el marco de 31 o 32 por ciento semestral, pero la conducción del gremio no está convencida.
Se espera que los bancarios vayan por una paritaria corta, que cubra el primer trimestre del año, como suele ocurrir en cada enero. Luego de ese período sentarse a charlar con un panorama algo más claro.
Esta misma semana la Unión Tranviaria Automotor (UTA) se convertirá en la próximas horas en el primer gran gremio en abrochar sus paritarias 2023 dentro de los parámetros que promociona el mencionado Massa.
Según pudo confirmar InfoGremiales, Roberto Fernández tiene acordado un incremento de haberes del 31% por el primer semestre del año, que probablemente pueda formalizarse entre hoy y mañana. Una vez cumplido ese plazo llegará el momento de revisar.
Se trataría de un aumento en tramos acumulativos compuesto por incrementos del 10% desde enero, del 10% desde marzo y del 7% restante en mayo.
El de Fernández se convertiría en un apoyo clave para el camino salarial que le propone Massa al mundo sindical, en sintonía con la baja de inflación que proyecta para 2023.
«El aumento debería converger hacia el nivel pautado de inflación más algún punto de recuperación», reconoció hoy la ministra de Trabajo Raquel «Kelly» Olmos. En criollo, se trata de un 60% más 2 o 3 puntos en el año. Tal cual como lo rubricará Fernández.
Por su parte la Federación de Empleados de Comercios y Servicios (Faecys) reactivó las conversaciones salariales, que ya habían comenzado en diciembre, para encarar la revisión de la paritaria de los empleados de la actividad.
Como había adelantado en exclusiva InfoGremiales, Armando Cavalieri le pidió a los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), de la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y de la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) un incremento adicional del 50,5% para los mercantiles.
Una alta fuente de la negociación por parte de los empresarios afirmó que «es probable que se firme la semana próxima (por esta semana que inicia)». Es decir, se vienen jornadas decisivas.
Respecto al número estimado, los empresarios del sector descuentan que no podrán dar un aumento de menos de 40 puntos porcentuales. Sobre ese piso el sindicato presiona para que el incremento alcance el 50,5% que pusieron sobre la mesa. En todos los escenarios se habla de aplicar los incrementos en cuotas.
«La idea es estar en torno al 110% de aumento» habían explicado fuentes sindicales cercanas a la negociación.
Vale recordar que el gremio abrochó incrementos por el 59,5% de aumento para su año paritario y que la revisión estaba pactada para enero, pero la aceleración inflacionaria motivó que se active antes.
Por último también podría haber novedades en las paritarias de los trabajadores de la administración pública nacional. Un universo de unos 132 mil empleados.
De hecho, la semana pasada ATE, gremio que lidera Hugo Godoy, le solicitó a la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, y a la secretaria de Gestión de Empleo Público, Ana Castellani, la inmediata revisión de la paritaria de 2022 ante un contexto en el que «la inflación conspira contra el poder adquisitivo del salario».
ATE también demandó la incorporación de una suma fija de 30 mil pesos como «parte integrante del salario» y que se refuercen los ingresos del personal comprendido en los convenios colectivos laborales sectoriales «más postergados».
La organización gremial también reclamó el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Integral de Regularización del Empleo Público de 2020, porque terminar con «la precarización laboral requiere de una política de Estado efectiva», y sostuvo que de los 30 mil empleados comprometidos aún solo 2.200 fueron designados en sus cargos.