La empresa Ternium Siderar comunicó en relación al bloqueo del Sindicato de Choferes de Camiones (SICHOCA) en sus plantas industriales, que «es ajena al conflicto». Siderar sostiene que los despidos se realizaron en una empresa sobre la que no tienen control y que son sólo «uno más de los muchos clientes de Vilaltella y Valls, por lo que el reclamo del gremio debe ser dirigido a la empresa transportista y canalizarse a través de la justicia competente». A su vez, calificó a la la medida como “ilegal e ilegítima”.
La empresa informó en un comunicado que el reclamo del gremio camionero, que conducen Hugo y Pablo Moyano, se basa en «las indemnizaciones de 17 ex trabajadores de una firma transportista Vilaltella y Valls S.A que está en concurso preventivo desde mediados de 2012 y, la mayoría de ese personal, está hoy contratado por otras compañías de transporte o jubilado».
El texto agrega que esos ex trabajadores ya plantearon su reclamo ante la justicia laboral y explica que Vilaltella y Valls dejó de prestar servicios de transporte para Siderar en junio de 2012. A su vez, declara que «la protesta impide el ingreso y egreso de camiones con insumos para elaborar chapa y productos terminados y el despacho de 9.000 toneladas diarias de chapa de acero para su procesamiento y para clientes industriales finales de Ternium Siderar de las industrias de la construcción, automotriz, el agro y línea blanca. Esa empresa era una de las muchas que prestaban servicios de transporte de mercadería de Ternium Siderar y también lo hacía para otros clientes. Siderar no es responsable solidaria de las obligaciones laborales de las firmas que contrata».
El comunicado también sostuvo que la Ley de Contrato de Trabajo sólo extiende la responsabilidad solidaria al empresario principal (Siderar) cuando contrata o subcontrata servicios de su actividad propia y específica, pero en este caso «la actividad propia y específica de Siderar es la siderurgia y no el transporte de cargas».
«Siderar participó en convocatorias del Ministerio de Trabajo y fijó su posición. La medida de fuerza es ilegal e ilegítima. El sindicato utiliza una metodología abusiva, violando el derecho a la libre circulación de bienes y personas. Siderar radicó otra vez una denuncia penal ante la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial de San Nicolás», continuó el comunicado.
También señala que “el gremio realizó el primer bloqueo durante cuatro días entre el 24 y el 27 de febrero, cuando se dictó una Resolución que sometió el conflicto a conciliación obligatoria”.
Por último, cabe recordar que Siderar remitió una carta a la Comisión Nacional de Valores (CNV) informando que “el período de conciliación obligatoria dictado por Trabajo el 26 de febrero último (expediente 1609146/14) en el conflicto entre el sindicato y las empresas Vilaltella y Valls S.A. y Transportes Montalván S.A. concluyó sin haber alcanzado las partes un acuerdo satisfactorio”.
La respuesta de camioneros no se hizo esperar. Desde el gremio ratificaron la medida planteada y sostuvieron que Siderar «debe asumir su responsabiildad solidaria sobre la pérdida de puestos de trabajo de los transportistas». La suma reclamada por el sindicato asciende a unos $10 millones en materia de indemnizaciones impagas por el quebranto de Vilaltella y Valls S.A.