El ministro de Gobierno de Córdoba, Juan Carlos Massei, realizó ayer una presentación judicial para que se identifique e investigue a quienes pretenden «amedrentar y alterar la paz social» con el paro de los choferes del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Córdoba, que hoy cumple el cuarto día consecutivo con una movilización de sectores gremiales y políticos frente a la sede local de la UTA.
Massei manifestó a la emisora local LV3 que la denuncia penal pretende que los fiscales investiguen si las supuestas que circularon por medio de audios «tienen como objetivo amedrentar la paz social», y añadió que el cuadro se potencia con la «agitación en las redes sociales» para que eso ocurra.
El funcionario destacó que desde el Gobierno se dictó la conciliación obligatoria y luego la ilegalidad del paro para garantizar la seguridad de los choferes, pero «nada de eso fue acatado».
Asimismo manifestó su «preocupación» por la falta de resolución al conflicto, y en ese sentido instó a las partes involucradas, particularmente a la dirigencia nacional de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a «ponerse los pantalones largos» y «estar más activos» para encontrar una solución que reestablezca el servicio de colectivos.
Massei también sostuvo que mantuvo contacto con los ministerios de Transporte, de Trabajo y de Seguridad nacionales para ponerlos al tanto del cuadro de situación.
El municipio de la ciudad de Córdoba también formalizó una denuncia en términos similares a partir de unos audios en los que los choferes anunciaron la presencia de un grupo de manifestantes encabezados por el dirigente nacional Rubén «Pollo» Sobrero, de la Unión Ferroviaria.
Mientras tanto, ayer al mediodía se movilizaron varias columnas de cuerpos orgánicos de distintos gremios hacia la sede local de la UTA para respaldar el reclamo de los choferes, entre ellos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Luz y Fuerza, Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoem), el Sindicato Obrero de Choferes Camioneros, la Asociación Obrera de la Industria de Transporte Automotor (Aoita), Sindicato de Vigiladores de Córdoba (Suvico) y agrupaciones políticas kirchneristas y de izquierda.
Por otra parte, la CGT Regional Nacional y Popular Rodríguez Peña, que responde al Sindicato Único de Recolección de Residuos y Barrido de Córdoba (Surrbac), Mauricio Saillén, se reunirá para evaluar un posible paro de actividades para acompañar el reclamo de los choferes que rechazan el aumento salarial del 21% acordado a nivel nacional por UTA. Otros gremios también evalúan similar medida.
Los choferes del transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba ratificaron la medida de fuerza, mientras tanto desde las empresas anticiparon más despidos que se sumarán a los más de 70 notificados en la jornada de ayer, al considerar que hicieron abandono de tareas por no cumplir con la conciliación obligatoria ni con la declaración de ilegalidad de la protesta dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la provincia.
«No nos asustan las suspensiones ni los despidos. Tenemos el apoyo de los trabajadores de otros gremios que están respaldando nuestros reclamos que son legítimos y vamos a resistir hasta que atiendan nuestros planteos», manifestó a los medios locales Marcelo Marín, uno de los delegados de los choferes que mantienen su vigilia frente a la sede sindical local de la UTA, sobre avenida Vélez Sarsfield al 600.
Por otra parte, usuarios de distintos barrios de la capital cordobesa evalúan movilizarse en rechazo al paro y exigir el restablecimiento de los servicios de transporte que, hasta el momento, el secretario de Interior de la UTA nacional, Jorge Kiener, no logró destrabar en la ingente gestión que realiza desde ayer cuando arribó a la ciudad de Córdoba.
Otro de los puntos del reclamo es el pedido de por la normalización de la UTA local que se encuentra intervenida desde el año pasado por un conflicto similar al que se refleja hoy con los choferes.