“En medio de la mayor epidemia de dengue, y las peores inundaciones en los últimos 30 años en el litoral argentino, más de 450 trabajadores que tienen como tarea principal la promoción de la salud y prevención de enfermedades se encuentran sin contrato”.
Así argumentan en la gacetilla de convocatoria de la conferencia que realizaron ayer por la mañana sobre el “desmantelamiento de políticas públicas de salud”. Mientras la epidemia de dengue sigue prendiendo luces de alarma en paralelo a la crecida del Paraná, los equipos de salud comunitaria no pueden trabajar: no les pagan, hubo decenas de despidos y no hay fondos para el combustible de las camionetas.
El foco de los 140 despidos dentro del Ministerio de Salud fueron los médicos que realizaban tareas sanitarias y preventivas en barrios populares de todo el país. El Programa de salud sexual y reproductiva fue reducido a su mínima expresión: se echaron 55 profesionales. Sólo 19 conservaron el puesto.
De la Dirección de maternidad e infancia, que seguía casos de desnutrición y mortalidad infantil, fueron despedidos dos genetistas que investigaban enfermedades poco frecuentes. En la Dirección de Salud Mental hubo 27 despidos, y hay otros 250 trabajadores cuyos contratos, firmados mediante convenio con universidades, aún no fueron renovados.
“Es un genocidio planificado por desatención de la pobreza”, graficó el secretario de organización de la junta interna de ATE Salud, Héctor Carrica, alarmado por la desarticulación de la presencia del ministerio en los territorios donde más proliferó el dengue, que suma 36 mil afectados y cinco muertos.
“En Chaco, por ejemplo, tenemos diez camiones sanitarios parados, con todo el equipo interdisciplinario que se dedicaba a promover la salud en los barrios sin tareas, lo que aumenta el riesgo epidemiológico”, describe Carrica, y agrega que la situación “amerita una denuncia penal contra las autoridades”.